No habrá marcha atrás. El Gobierno no atenderá a las peticiones del Partido Popular y de Vox para retirar la tramitación de la ley que reducirá las condenas a los presos de ETA. "No la vamos a retirar y se aprobará tal y como está", sostienen fuentes de Moncloa tras rechazar cambios que impidan esos beneficios penitenciarios.
El Gobierno, por tanto, sigue adelante con la reforma de la ley que permitirá rebajar las penas a presos de ETA por contabilizar el tiempo que han estado reclusos en cárceles de Francia. El 14 de octubre será la fecha tope para abordar en el Pleno del Senado esta norma que conlleva la reducción de penas a 44 etarras encarcelados.
El Ejecutivo sostiene que se trata de una trasposición de una directiva europea y que todos los trámites en el Congreso de los Diputados se aprobaron "por unanimidad", y en el Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta, "no ha enmendado ni vetado nadie".
"Aquí no ha habido ni despiste ni errores por parte del PP, lo que hay, lo que hemos visto, es una utilización partidista e indigna del terrorismo", ha la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este martes en La Moncloa.
La polémica llega porque desde el Partido Popular consideran que han colado la enmienda "de tapadillo". En Génova hacen autocrítica y lo califican como un "error injustificable". Tres diputados del Grupo Parlamentario Popular estuvieron presentes en la reunión de la Ponencia de la reforma, el 31 de julio de este año.
En concreto, María Jesús Moro, José Manuel Velasco y Rafael Benigno Belmonte, que firmaron en el acta haber "estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas". Si bien, es un formalismo habitual, los hechos demuestran que no fue así. Tampoco los dos ponentes de Vox, Emilio Jesús del Valle y Pedro Fernández, se percataron de la trascendencia de lo firmado.
"El PP no puede decir que no sabía lo que estaba votando, claro que lo saben porque es el mismo texto, idéntico al que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2014", señaló Alegría. Sin embargo, este texto aprobado por el Gobierno del PP se modificó en el trámite parlamentario, añadiendo una disposición adicional única, precisamente, con la finalidad de que los presos de ETA no pudieran beneficiarse. Una disposición adicional que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha incluido en este texto.
Bolaños pide explicaciones a Cuca Gamarra
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó este martes a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para pedir explicaciones por su cambio de opinión, obviando que los populares han reconocido en reiteradas ocasiones que se trata de un error. "Este súbito cambio de opinión es difícil de explicar, ya que la norma sirve para aplicar el derecho europeo en España, y en el Congreso el PP votó a favor de la ley como el resto de grupos, mientras que en el Senado no presentó ninguna enmienda", señala el entorno del ministro.
Por su parte, fuentes populares aseguran "la voluntad de enmendar este asunto" para "evitar el daño" que se pueda producir, en especial a las víctimas de ETA. Sin embargo, insisten en que el Gobierno "buscaba este efecto". Los populares consideran que esto forma parte del "pacto de investidura" con los socios del Gobierno de coalición e insisten en que ya analizan distintas "posibilidades a nivel jurídico" para "mitigar" la norma.
