Según han informado fuentes jurídicas, De la Serna se ha acogido a su derecho a no declarar y ha anunciado al juez de la Audiencia Nacional que lo hará cuando se levante el secreto de esta causa.
Gómez de la Serna, vestido con una gabardina beige, llegaba a las 9.25 horas a la Audiencia Nacional a pie y dos horas más tarde abandonaba también a pie la sede del tribunal eludiendo hacer declaraciones a los periodistas que aguardaban su salida, a los que se ha limitado a señalar: "Por respeto al tribunal, no voy a hacer declaraciones".
Pese a ello, las cámaras le han perseguido desde su salida del edificio en el que se encuentran las salas de toma de declaración hasta un bar cercano a la Audiencia Nacional, donde ha entrado acompañado de su abogado para eludir la persecución de los informadores.
El magistrado emplazó a De la Serna hoy a las 10.00 horas cuando aún ocupaba un escaño en el Congreso en el grupo Mixto -tras abandonar el PP a raíz de este escándalo-, por lo que cuando le citó le dejó claro que esa declaración era voluntaria al estar entonces aforado, pero ahora que ha perdido esa condición al disolverse las Cortes ha tenido que acudir finalmente a la Audiencia Nacional en calidad de investigado.
La mayor parte de los 20 investigados (imputados) en esta causa se ha acogido a su derecho a no declarar y en ningún caso la Fiscalía Anticorrupción ha pedido medidas cautelares, si bien todos ellos siguen sujetos a la causa como investigados por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Ayer era el abogado y exdirigente del PP José Félix González Noriega el que se negaba a declarar en esta causa, y el pasado viernes, fueron el exembajador De Arístegui y su hijo Borja los que rechazaron prestar declaración ante el juez.
También se acogió a su derecho a no declarar ante el juez en calidad de investigado el empresario José Fayá, que fue quién denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a Gómez de la Serna.
Previamente había rechazado también declarar otro imputado, el directivo del Grupo Elecnor Germán Junquera Palomares, estrategia que han seguido la mayor parte de la veintena de imputados que han ido compareciendo ante De la Mata desde finales de abril, ronda de declaraciones que cerraba hoy De la Serna.
De la Serna y el exembajador Gustavo de Arístegui están siendo investigados por intermediar en la adjudicación de dos obras públicas a dos empresas españolas y cobrar por ello comisiones.
Arístegui se dio de baja de militancia en el PP el pasado diciembre tras ser querellado por esta causa, mientras que a De la Serna el partido le abrió expediente disciplinario ante su negativa de renunciar a su candidatura a las elecciones, a las que concurrió como número dos por Segovia.
Cuando recogió su acta de diputado el pasado 28 de diciembre, Gómez de la Serna emitió un comunicado justificando que no haberlo hecho "habría sido un desprecio a los ciudadanos de Segovia" y denunció además que estaba siendo objeto de "un linchamiento público sin precedentes en España" por "una venganza personal".
En enero, se dio finalmente de baja del partido y se integró en el Grupo Mixto, escaño que ha ocupado hasta que hace unos días se disolvieron las Cortes.
En la causa se investigan presuntos pagos a funcionarios y autoridades argelinos por parte de De la Serna y Arístegui para que adjudicaran a dos empresas españolas dos contratos de obras: la Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta (por 250 millones de euros) y el Tranvía de Ouargla (por importe de 230 millones).
Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA, a través del grupo Voltar Lassen, el cual dirigían De la Serna y Arístegui.
Las empresas españolas pagaron por ello a ambos, bien directamente o bien a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, y el juez considera también que otras dos empresas -Arroyo de Lagasca y Kamaroc-, fueron utilizadas como sociedades pantalla por De la Serna y Arístegui para ocultar el dinero.
En el caso de Kamaroc, con domicilio social en Marruecos, tenía, según el juez, "como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".
