El Tribunal Constitucional (TC) decidió multar ayer con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales del 1-O, que según la Ley del Referéndum debían desempeñar unas funciones análogas a las de una Junta Electoral.
Justamente este viernes el gobierno de Carles Puigdemont ha acordado destituir de su cargo a Jové, detenido como uno de los organizadores del 1-O, para librarlo de la multa prevista por el TC, si bien formalmente no puede hacer lo mismo con los miembros de la Sindicatura Electoral porque fueron nombrados por el Parlament.
El Govern, han señalado las fuentes consultadas, "agradece" a la Sindicatura Electoral de Cataluña la "finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum" y pide a sus miembros que cedan el testigo a "entes públicos, académicos e internacionales" para que "sigan observando el desarrollo efectivo" del 1-O.
Asimismo, el ejecutivo catalán denuncia la "ofensiva autoritaria de los organismos político-judiciales del Estado español contra un ente electoral escogido por el Parlament e integrado por profesionales académicos de reconocido prestigio".