La defensa de los miembros del gobierno catalán en la causa que investiga el TSJC por convocar el referéndum ha presentado un recurso, en el que pide a la juez que suspenda la orden que dio el pasado miércoles a los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional de cerrar los centros de votación el 1-O e impedir, los días previos, que en ellos pueda prepararse el referéndum.
El gobierno catalán alega en su recurso que la medida del TSJC vulnera "el principio de proporcionalidad", dado que el cierre de los locales afectará "la adecuada prestación de servicios públicos que atañen a bienes jurídicos tan importantes como la educación o la salud de amplias capas de la población".
Según el Govern, ante la "previsible concentración de grandes aglomeraciones de personas" en los locales de votación, las actuaciones ordenadas por la juez podrían provocar "gravísimas consecuencias, mucho más graves que las que con su aplicación se pretenden evitar, y que el auto ni pondera ni siquiera cita".
Además, la Generalitat cree que el cierre de los centros educativos durante el fin de semana "supondría alterar de manera grave la vida de muchos municipios", por la imposibilidad de "celebrar múltiples servicios y actividades", como su utilización como escuela de música o la actividad de los patios abiertos.
El cierre de los centros cívicos que está previsto que alberguen urnas, además, pondrá en peligro actividades y servicios destinados a los ancianos -como comedor, podología y peluquería- y causará "pérdidas de lucro cesante" a las empresas que gestionan los recintos.
En el caso de los centros sanitarios, la Generalitat defiende que "deben estar accesibles en todo momento, ya que disponen de una serie de material sanitario frágil y sensible que puede requerir de mantenimiento ante una incidencia" y, además, se puede precisar su apertura en el caso de "una emergencia o una situación de riesgo imprevista y extraordinaria".
El recurso también discute la decisión de la juez de avalar que sea Diego Pérez de los Cobos, cargo de la Secretaría de Estado, quien coordine el operativo policial del 1-O y sostiene que es la Junta de Seguridad el órgano en el que debe dirimirse la dirección del mismo.
Para el Govern, en el caso del referéndum "no es de aplicación" el artículo de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad por el que el TSJC acuerda ceder la coordinación del dispositivo a un cargo de la Secretaría de Estado, porque éste "estaría limitado a actuaciones imprevistas y muy concretas en que concurran, simultáneamente" distintas policías.