Fuentes del Ejecutivo anunciaron ayer a Efe que impugnará por vía judicial el decreto por condicionar la movilidad de los funcionarios sanitarios y su acceso a la carrera profesional a que acrediten conocimientos básicos de catalán. Gómez ha lamentado en los pasillos del Parlament haber conocido la advertencia del Gobierno "por los medios de comunicación", cuando en numerosas ocasiones se ha ofrecido a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, "para hablar de los temas que realmente preocupan a la comunidad autónoma".
La consellera ha señalado que la actitud de la ministra denota "un cierto desconocimiento" del proyecto de decreto autonómico que desarrolla en el ámbito sanitario la ley de 2016 que establece que el conocimiento del catalán es un requisito para trabajar en la administración balear. Ha subrayado que el decreto proyectado por su departamento cuenta con el apoyo del 65 % de la representación sindical de los trabajadores de la sanidad pública del archipiélago y que establece una exigencia de conocimiento de catalán menor para los sanitarios que para el resto de funcionarios.
Además, no será preciso tener un título de catalán para concurrir a las oposiciones y se da un plazo de dos años para obtenerlo, aunque si no se consigue no se pierde la plaza pero se impiden los traslados y el cobro de los pluses de carrera profesional.
Gómez ha recordado que el texto del decreto está siendo analizado por el Consell Consultiu, cuyo informe no es vinculante, y después será aprobado por el Govern para que esté vigente de cara a las oposiciones, que sacarán a concurso 5.000 empleos públicos. Ha insistido en su llamamiento a la ministra de Sanidad para dialogar sobre mejoras del sistema público de salud y ha apelado también a su comprensión del decreto de catalán en Baleares dada su condición de catalana.