En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, el conseller de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, ha remarcado que el Ejecutivo "no dejará solo" a los servidores públicos ante "querellas arbitrarias" por el proceso soberanista, sino que "los protegerá".
Este acuerdo incluye a "miembros del Govern, altos cargos y empleados públicos", entre los que Turull ha contado por tanto a la titular de Gobernación, Meritxell Borràs, que es objeto de una querella por el proceso de compra de urnas.
Ha subrayado que tendrán garantizada la defensa aquellos consellers, altos cargos y empleados públicos que tengan que declarar ante tribunales o ante la policía "por cumplir acuerdos de gobierno, por obrar en el ejercicio legítimo de sus funciones y de acuerdo con el interés general de la Generalitat", pero no por otros casos como de corrupción.
El acuerdo establece que cada departamento podrá encargar a abogados externos la defensa de trabajadores públicos cuando estén afectados por estos supuestos, lo que puede acarrear un coste adicional que, según Turull, el Gobierno catalán no ha contabilizado.
Dicho acuerdo asegura para la Generalitat un procedimiento que, según el Govern, ya disponen la Administración del Estado y otras comunidades autónomas.
