En el documento fechado el pasado 20 de noviembre, entregado al juzgado de Barcelona que investiga el proceso independentista, la Guardia Civil hace un análisis del dinero presuntamente malversado para financiar la consulta ilegal en lo referido a la publicidad en los medios. Obtiene la cantidad total de la suma de dos partidas, la primera de ella los 277.804 euros que se gastaron en difundir en algunos medios el anuncio "Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?" animando al voto, que se sufragó con cargo al presupuesto del contrato programa que la Generalitat tienen con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
A ella le añade otros 224.835 euros gastados en la campaña "Sí o no", dirigida a promover la inscripción en un registro de los catalanes residentes fuera y a instarles a votar en la consulta. Las dos partidas fueron pagadas por la Conselleria de Presidencia de Jordi Turull, indica el informe, que destaca que es difícil obtener cifras totales fiables dadas la "opacidad" y las "argucias" usadas por el Govern para impedirlo. Para determinarlas con exactitud, el instituto armado cree necesario hacer una auditoría a las cuentas de la Generalitat por parte de la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas.
La Guardia Civil tampoco descarta que las entidades independentistas ANC y Òmnium hayan pagado algunos gastos relacionados con el referéndum gracias a las subvenciones públicas que reciben. De hecho, en un oficio remitido al juzgado barcelonés la Guardia Civil pide directamente al juez que le autorice a acceder al Fichero de Titularidades Financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para averiguar estos gastos ilegales.
Su objetivo es consultar las "cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios" de personas físicas o jurídicas relacionadas con la organización del 1-O, con el fin de averiguar si la votación se costeó con fondos públicos, de forma oculta. Antes de autorizar el acceso a esas cuentas, el juez instructor, por su parte, ha pedido en otro escrito al instituto armado que le identifique qué personas o empresas quiere consultar. A pesar de las dificultades, la Guardia Civil sí ha podido identificar las cantidades que suman medio millón de euros y que "de forma indubitada" se han empleado para sufragar el referéndum.
En el caso del anuncio animando a votar, en el que se mostraban unas vías de tren y que se comenzó a difundir el 4 de septiembre de 2017, el informe destaca que la técnica que se usó para ocultarlo fue la tramitación de un contrato de urgencia. Explica que aunque en la primera parte del anuncio, de 10 segundos, no se dice nada del referéndum y solo se habla de la "capacidad de decidir", existía una segunda parte de 20 segundos que con la frase "Ahora, más que nunca, el futuro de Cataluña está en tus manos. Participa en él. El 1 de octubre referéndum", seguida del logotipo de la Generalitat.
La emisión de este anuncio se iba a realizar en el ámbito de un expediente dentro de una campaña llamada "Civisme", que tenía asignado un importe de 2,2 millones de euros para la emisión de las dos partes del anuncio, aunque la segunda, dice el informe, no se llegó a entregar a las empresas adjudicatarias. Ese contrato, que autorizó el propio Turull según declararon testigos, se otorgó por la vía de urgencia el 30 de agosto a la empresa Carat España, que renunció al mismo porque no se correspondía a la campaña "Civisme" y podía perjudicar a los intereses de la compañía, explicó a la Guardia Civil el consejero delegado de la empresa.
Ante esta renuncia, la Generalitat adjudicó la campaña a Focus Media por la misma cantidad de 2,2 millones, pero esta también renunció. A pesar de ello, el anuncio se emitió en TV3 y diversos medios de prensa y se realizó una campaña de pegada de carteles, de lo que resulta la cantidad que estima el informe.
El otro anuncio con el eslogan "¿Sí o no?" sobre un mapa de Cataluña se difundió por internet y también a través de la prensa escrita, aunque hubo periódicos que se negaron a publicarlo por ser inconstitucional.
