Una vivienda de lujo situada junto al faro de la Manga del Mar Menor (Murcia) ha sido ocupada por un grupo formado por unas veinte o treinta personas según informan varios testigos en el programa de Antena 3, Espejo Público.
Una vecina de la zona explica la situación por la que están pasando los habitantes del lugar desde que varias familias de etnia gitana llegaran a la casa a principios de julio y ocuparan la vivienda sin resistencia. Según esta fuente, eran "veinte o treinta personas con muchos niños pequeños" que "se pasean con sus lanchas alterando la vida de los vecinos y los pescadores de la zona".
Además cuenta que desde que llegaron celebran muchas fiestas, ponen música a alto volumen gran parte del día y hacen carreras con las motos de agua que ponen en peligro a los ciudadanos. Esta testigo también relata como estos grupos ocupan cada año viviendas diferentes de la zona sin ningún tipo de escrúpulo.
El propietario holandés no podrá disfrutar de sus vacaciones en la Manga
La propiedad es un chalet de lujo que pertenece a un ciudadano holandés veraneante de la zona, pero que este año no ha podido alojarse en su vivienda por la ocupación de este grupo.
Una amiga del propietario ofrece más detalles sobre el caso en Espejo Público, al parecer, el holandés compró la casa hace cuatro años y todos los veranos pasa las vacaciones allí junto a su familia, Esta temporada una vecina le llamó para informarle de lo ocurría en su casa y sin opción alguna, no pudo hacer nada.
Ahora el propietario impotente busca soluciones por vía judicial para recuperar la vivienda que por el momento sigue ocupada.
Las dimensiones de la casa de lujo
El chalet tiene unas dimensiones extensas, unos 300 metros cuadrados entre los que se distribuyen seis habitaciones y seis baños, según informan fuentes cercanas, además se encuentra en primera línea de playa, junto al faro de la Manga.
Un problema social grave
La ocupación ilegal de propiedades aumenta cada vez más en España, según fuentes judiciales 80.000 viviendas ocupadas en España y de ellas, entre 5.000 y 6.000 se encuentran en Madrid. Se ha convertido en un problema social grave cada vez más denunciado por los propietarios, que en la mayoría de los casos se encuentran desamparados y salen perjudicados por tal situación.