El Congreso de los Diputados debate y vota las 105 propuestas de resoluciones y de las decenas de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y que son fruto del Debate sobre el Estado de la Nación celebrado los dos últimos días en el Congreso.
El modelo territorial y una hipotética reforma de la Constitución junto a un paquete de medidas económicas y fiscales copan el grueso de esas propuestas, aunque también hay iniciativas de carácter educativo, sanitario o social.
Como era de esperar el PP ha trasladado las medidas anunciadas durante el debate por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la mayoría de contenido económico y de ayuda a las familias.
Entre esas propuestas figura la reforma de la ley tributaria para que haya un mayor control sobre los grandes defraudadores y también la futura ley de "segunda oportunidad", para facilitar la reestructuración de la deuda de familias y empresas. Asimismo, consta el mínimo exento de cotización de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos, así como la ampliación de la deducción fiscal por hijos a las familias monoparentales formadas por un progenitor y dos hijos.
También buena parte de las propuestas del PSOE se centran en el área económica y de empleo. Los socialistas instan, por ejemplo, al Gobierno a derogar la reforma laboral y a que redacte un nuevo estatuto de los trabajadores que ponga fin a la precariedad laboral y a la devaluación salarial.
Alguna de estas propuestas del PSOE entran de lleno en el debate territorial, volviendo a reclamar una reforma de la Constitución para implantar un modelo federal que reconozca las singularidades de algunas comunidades autónomas y la renovación del sistema de financiación autonómica para que las regiones cuenten con más recursos.
El PNV también se ha sumado a la petición de una reforma de la Carta Magna, pero para reconocer la existencia de las "naciones vasca y catalana, distintas de la española", al igual que el BNG, ICV y Amaiur que piden que se reconozca el derecho de autodeterminación y de convocar referendos. Abunda en esa reclamación ERC, que solicita al Gobierno que se respete el resultado de las llamadas elecciones plebiscitarias de septiembre y que, de ganar las opciones independentistas, se facilite la "cordial transición" a una república catalana.
Por su parte, CiU, coincidiendo con la decisión del Tribunal Constitucional de anular la consulta soberanista y la ley de consultas, reclama diálogo y negociación sobre el futuro de Cataluña y que el derecho a decidir no se solvente en los tribunales. Por el contrario, UPyD insta al Ejecutivo a eliminar los privilegios territoriales para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.
