La Guardia Civil ha detenido este lunes en el marco del llamado caso Hidrocarburos a la empresaria Carmen Pano, quien ha asegurado públicamente haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Carmen Pano aseguró a la prensa haber entregado bolsas dinero en efectivo como comisiones ilegales en la sede central del PSOE de la madrileña calle de Ferraz, sin embargo fuentes de la investigación detallan que el arresto se enmarca exclusivamente en la investigación sobre hidrocarburos que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sin relación por tanto con la presunta entrega de dinero en Ferraz.
Esta mercantil está siendo investigada por el magistrado Santiago Pedraz en el Juzgado de Instrucción número 5 en el marco del fraude millonario en el sector de los hidrocarburos por el que Aldama entró en prisión preventiva hasta que salió gracias a la declaración voluntaria
Detenida también la hija de Carmen Pano
También ha sido arrestada la hija de Carmen Pano en el marco de unas diligencias policiales declaradas secretas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales que dejan otros dos arrestados, entre ellos Luis Alberto Escolano, uno de los socios de Aldama en la presunta trama de hidrocarburos.
La UCO ha practicado este lunes registros en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo en el marco de la causa en la que se investiga entre otros al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos de 182 millones de euros.
En un comunicado, la Guardia Civil ha vinculado a los cuatro detenidos una "organización criminal" que presuntamente disponía de una "importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal", modificándose por sus responsables "con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude".
"Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España como en terceros países para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente", según añade la Guardia Civil al dar cuenta de estas detenciones ampliatorias de las actuaciones que se iniciaron el 7 de octubre de 2024.
Transferencias millonarias al Portugal, Colombia y China
En el marco de la investigación, el juez Pedraz sostuvo que "la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados". "Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras", recogió en una de sus resoluciones.
El magistrado apuntaba que "dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada". En concreto, hasta la fecha "se han identificado transferencias al exterior por importe de 73.902.852,60 euros a Portugal, Colombia y China".
Cabe destacar que la propia UCO apunta en uno de sus atestados que Escolano --uno de los cuatro arrestados este lunes-- "estaría siendo utilizado por De Aldama para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero".
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno también apuntaba en su exposición razonada al Supremo que Escolano, "socio de De Aldama", arrendaba la vivienda en Plaza España en la que residió Jessica R., la expareja del exministro José Luis Ábalos.
Detenciones practicadas mientras Aldama declaraba en el Supremo
La actuación de la UCO por orden de la Audiencia Nacional se ha llevado a cabo en paralelo a la declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en calidad de investigado en el 'caso Koldo'. El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.
Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.
El juez investiga en esta causa, que permanece secreta, a ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.