Según han informado a EFE fuentes de la investigación, dos agentes de paisano del la Guardia Civil han acudido esta mañana al Teatre Nacional de Catalunya y han entregado un requerimiento del juez titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para que en cinco días faciliten la documentación solicitada, que incluye el contrato de alquiler de la sala que el pasado 4 de julio acogió el acto de Junt pel Sí, con el Govern en pleno, para presentar la futura ley.
El grupo parlamentario de JxSí, integrado por el PDeCAT, ERC e independientes, ha asegurado hoy que ya han pagado los 17.609 euros del alquiler del local y el montaje y organización del evento, que fue convocado para presentar los preparativos y el marco legal del referéndum de independencia que el Govern ha anunciado para el próximo 1 de octubre.
En el acto, convocado por JxSí, el president Carles Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, llamaron a la participación en la consulta y garantizaron que el ejecutivo catalán haría posible el "voto decisivo" del 1 de octubre.
La participación de Puigdemont y de Junqueras en el acto, celebrado en el TNC bajo el lema "Garantías para la democracia: por un referéndum legal, efectivo y vinculante", fue anunciada en la agenda oficial del gobierno de la Generalitat.
El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha ordenado este requerimiento al TNC en el marco de la investigación sobre los preparativos del referéndum que tiene en marcha en la causa que abrió a raíz de las conferencias en las que el senador de ERC Sant Vidal aseguraba, entre otras cuestiones, que la Generalitat había obtenido de forma irregular los datos fiscales de los catalanes.
En el marco de estas pesquisas, agentes de la Guardia Civil ya interrogaron a finales del pasado mes de junio a varios funcionarios de la Generalitat y a un cargo de confianza del Govern, a los que preguntaron sobre el censo de catalanes en el exterior y la web del Pacto Nacional por el Referéndum.
En un mensaje en Twitter después de que trascendiera el requerimiento judicial al TNC, Puigdemont ha alertado de que "criminalizar" la libertad de expresión de JxSí, el grupo parlamentario "más votado por los catalanes", resulta "impropio de un Estado democrático".
En la misma línea, el grupo de Junts pel Sí, por boca de Lluís Llach ha denunciado que el requerimiento de la Guardia Civil "retrotrae al tardofranquismo", "atenta" contra la libertad de expresión y busca sembrar el "pánico" entre la gente.
No obstante, el presidente del grupo de JxS, Jordi Turull, ha pedido tranquilidad porque, según ha afirmado, los contratos requeridos por el juez están en regla: "todo está perfecto, pagado y bien firmado", ha asegurado. Turull también ha indicado que si se hubiese pedido esta documentación a JxSí ya estaría a disposición del juez, si bien ha admitido que nunca habría pensado que se les pedirían explicaciones "por un acto político".
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tachado de "barbaridad" que la Guardia Civil haya requerido esta documentación, al tiempo que ha advertido de que judicializar "un conflicto político sólo crea crispación y no lleva a ninguna parte".
Por contra, el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha considerado "absolutamente normal" que se investigue "la preparación de un golpe de Estado", en referencia a la futura ley del referéndum, mediante la cual el Govern pretende convocar la consulta del 1 de octubre.
Fuentes del TNC han indicado a EFE que anualmente se contratan sus instalaciones para cerca de 70 actos privados, desde bodas a todo tipo de eventos o celebraciones particulares. El alquiler de la sala principal del teatro, con capacidad para 847 personas, cuesta 7.800 euros, mientras por el vestíbulo el TNC pide 5.300 euros y otros 1.200 por el jardín principal, aunque también se pueden arrendar por importes más reducidos las estancias pequeñas.
