El pacto entre el PSOE y Junts sobre la delegación de competencias en materia de inmigración ha generado una nueva controversia: ¿será obligatorio hablar catalán para obtener el permiso de residencia en Cataluña? Mientras el Gobierno central insiste en que no se impondrá tal requisito, Junts defiende lo contrario, asegurando que el conocimiento del idioma será imprescindible.
Un enfrentamiento de versiones
Desde Moncloa, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue tajante en una entrevista con Carlos Alsina al afirmar que "la lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país o para prohibirle la entrada". En la misma línea, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado el debate como "inexistente", insistiendo en que el texto del acuerdo no menciona ningún tipo de exigencia lingüística.
Sin embargo, desde Junts la postura es diferente. Su secretario general, Jordi Turull, ha reiterado que, según su interpretación del pacto, "el catalán será un requisito para los diferentes permisos" de inmigración. Además, ha justificado su postura apelando a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros exigir el conocimiento de la lengua propia del territorio para conceder permisos de residencia.
Nuevo choque
Esta divergencia ha puesto en jaque la credibilidad del Gobierno, que ya ha enfrentado cuestionamientos previos por sus concesiones a los independentistas catalanes. La pregunta clave es a quién creer: ¿al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que niega cualquier imposición lingüística, o a Junts, que insiste en que el catalán será obligatorio?
Turull ha sido especialmente gráfico en su defensa: "Si en Zamora se pide el castellano, en Cervera, el catalán".
El debate no es menor. Si finalmente se exige el catalán como requisito, podría tener un impacto significativo en la inmigración hacia Cataluña, con implicaciones políticas y sociales. Para Junts, esta medida refuerza la identidad lingüística catalana, mientras que para el PSOE supone otro escollo en su intento de mantener la estabilidad del Gobierno con sus socios independentistas.
