Nos remontamos al pasado 14 de marzo. Álvaro García Ortiz dio orden de difundir una nota con conversaciones secretas de la Fiscalía de Madrid con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La orden la transmitió a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra y llegó tras horas de presiones.
La información fue filtrada a los medios siguiendo la orden del Fiscal General del Estado. Ya en aquel momento, expertos fiscales calificaban esta actuación como algo sin precedentes y que vulneraba el secreto profesional de la defensa de González Amador. El motivo esgrimido por García Ortiz para dar la orden de hacer pública la nota fue el de evitar un bulo por parte de la defensa del novio de Ayuso.
En concreto, como revelaron informaciones de El Mundo, por un lado, se publicó que la Fiscalía de Madrid contactó con la defensa de González Amador para ofrecer un pacto. El equipo del Fiscal General, quería demostrar con la nota, que ese posible pacto fue buscado por González Amador en primera instancia, y no al revés. El citado medio recogía en su información que el fiscal de Madrid había comunicado literalmente al abogado que "aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible".
El Whatsapp de García Ortiz a Almudena Lastra durante las presiones para publicar la nota dejaba claras sus intenciones: "Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (...). Es imperativo sacarla". A las 9.25 horas de ese 14 de marzo, el FGE mandó otro whatsapp a la fiscal superior de Madrid: "Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla", añadía El Mundo. Poco después se publicó la nota tras ser distribuida por la Fiscalía Superior de Madrid a orden de Álvaro García Ortiz.
No renuncia
La imputación Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos marca un hito en la historia judicial de España, al ser la primera vez que un Fiscal General es investigado durante su mandato. García Ortiz es señalado por, supuestamente, haber utilizado información confidencial en un contexto de lucha política.
La investigación sugiere que utilizó su posición para influir en el "relato" político, violando así la independencia de su cargo. Ese mensaje de WhatsApp enviado por García Ortiz a la Fiscal de Madrid, en el que urgía a la publicación de un comunicado sobre las negociaciones entre González Amador y la Fiscalía, ha sido clave en la investigación. En ese mensaje, García Ortiz afirmaba que "si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato", lo que ha suscitado numerosas críticas sobre su implicación en la batalla política.
El hecho de que la Fiscalía, un órgano autónomo que no debería estar sujeto a intereses partidistas, esté involucrada en estos escándalos ha generado una fuerte reacción en el ámbito judicial y político. El Consejo del Poder Judicial ya había declarado a García Ortiz como inidóneo para el cargo, y su actual imputación pone aún más en duda su idoneidad para continuar en su puesto y las presiones para que dimita, aumentan por momentos.
García Ortiz ha sido respaldado por el Gobierno, lo que ha generado aún más controversia. El Ejecutivo defiende la "profesionalidad y honorabilidad" del Fiscal General del Estado y remarca que la Fiscalía solamente "se defendió de una mentira" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que aquellos a quienes no les gustan las actuaciones de la Fiscalía están intentando "demonizarlo" e "intentan presentar querellas" contra García Ortiz. García Ortiz por su parte, no tiene ninguna intención de dejar el cargo: "En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado, señalaba en un comunicado.
El Tribunal Supremo seguirá investigando el caso para determinar si García Ortiz violó su deber de confidencialidad al divulgar información sensible con fines políticos.
