Así lo concluye la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, remitido en noviembre pasado al juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el supuesto pago de comisiones del 3% a CDC por parte de algunas constructoras a cambio de la adjudicación de obra pública por administraciones gobernadas por la formación nacionalista.
A raíz de este informe de Anticorrupción, el juez remitió, dada la condición de aforado de Gordó -que es diputado de Junts pel Sí en el Parlament- una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en enero pasado rechazó investigarle al no ver, por el momento, indicios claros de su relación con la supuesta trama de pago de comisiones.
El TSJC alegó que los indicios apuntados por el juez, que incluyen reuniones de Gordó con empresarios vinculados a la trama del 3%, eran imprecisos, por lo que la devolvió al magistrado de El Vendrell para que, si lo consideraba oportuno, la concretase más en un segundo informe.
Precisamente, fuentes de CDC consultadas por EFE han subrayado hoy que ese informe ya fue enviado al TSJC, que estimó que no había indicios contra Gordó.
En su escrito, Anticorrupción considera "acreditado" que Gordó participaba en esta trama delictiva desempeñando el papel de "conseguidor" o "recaudador", por lo que cree que podría haber cometido, junto a los otros implicados, los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Según los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, Gordó, que ha ocupado los cargos de gerente y miembro de la dirección y secretariado de CDC, secretario del gobierno catalán, conseller de Justicia y presidente y consejero de empresas públicas, además de diputado en el Parlament, "supervisaba" la labor del tesorero de CDC Andreu Viloca.
Viloca es quien, según el ministerio público, controla "en una primera instancia, de forma sistemática, los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC" a cambio de la adjudicación de obra pública, que suponen "verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones", a través de las fundaciones vinculadas al partido, como CatDem y Forum Barcelona.
El ministerio público resalta que detrás de los empresarios investigados y del tesorero de CDC es "necesaria" la existencia de "alguna persona que tuviera un poder político y social en CDC y en la administración pública de Cataluña", para poder llevar a cabo estas actividades supuestamente delictivas, y concluye que se trata de Gordó.
Para la Fiscalía, "no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones" mantenidas por Gordó, alguna de ellas en la propia sede del partido e, incluso, en el Palau de la Generalitat, con los empresarios implicados y en ocasiones en presencia de Viloca.
Según los fiscales, Gordó era un "actor principal" en las contrataciones públicas que se realizan en Cataluña, al erigirse como "la persona de contacto" de los contratistas de la administración catalana.
