Fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del próximo trámite tras la solicitud que han registrado los nueve presos una vez terminado la vista oral en el Supremo.
Los presos ya fueron trasladados a Cataluña en julio de 2018 cuando el juez Pablo Llarena dio por concluida la instrucción del caso, pero volvieron a prisiones madrileñas el 1 de febrero, once días antes del comienzo del juicio.
La semana pasada el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, planteó que el traslado es "probable" si el tribunal no se opone y puso como ejemplo lo ocurrido el pasado verano tras el final de la instrucción.
Entonces, Interior consultó al juez Llarena, que respondió que no había "razón procesal" para mantener a los reclusos en prisiones madrileñas, con lo que se autorizó el traslado a Cataluña.
El exconseller de Interior Joaquim Forn volvió a Barcelona el pasado sábado para la constitución del Ayuntamiento de la ciudad tras ser elegido concejal y pidió al Supremo poder quedarse en una prisión catalana, pero el alto tribunal ordenó su regreso a Soto del Real (Madrid) "sin aplazamiento ni dilación" tras el acto en el consistorio.
Cuando los nueve presos preventivos fueron trasladados a Madrid para el juicio, el líder del PP, Pablo Casado, pidió al Gobierno que no regresaran a prisiones catalanes, administradas por la Generalitat, cuando concluyera la vista oral.
El PP denunció que en esos centros los presos independentistas habían recibido un tratamiento penitenciario diferenciado al del resto de reclusos, con un régimen de visitas distinto, "llamadas a la carta" y la posibilidad de "despachar políticamente".