El balance del Ministerio del Interior desde que se decretó el primer estado de alarma por el Covid-19 hace un año incluye la imposición por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más de un millón de multas, así como otras actuaciones que van desde los 154.000 auxilios humanitarios a la interceptación de 67 incidencias en operadores críticos o el plan de seguridad para garantizar la cadena de suministro de la vacuna contra el coronavirus.
Los datos constan en un informe de balance del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press, que recopila otras actuaciones como los casi30.000 contactos en residencias y asociaciones de personas mayores, 336.000 de protección a víctimas de violencia de género o 20.500 en contacto con los centros médicos.
El Gobierno optó con el primer estado de alarma en marzo por dar cuenta del detalle de este despliegue a través de comparecencias diarias desde el Palacio de la Moncloa de los directores adjuntos operativos (DAO) de la Policía y la Guardia Civil, así como representantes de las Fuerzas Armadas y de técnicos del Ministerio de Sanidad.
Balance de multas tramitadas
Uno de los datos diarios facilitados a la prensa era la imposición de multas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como 'ley mordaza', así como los detenidos por incumplir las restricciones de movilidad.
El balance final deja 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma, desde el 14 de marzo al 21 de junio, y 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma, del 26 de octubre hasta ahora, ya que sigue en vigor. Asimismo, en el primero de los estados de alarma se llevaron a cabo 9.173 detenciones, por 2.952 en el segundo.
El elevado número de multas fueron objeto de debate en comparecencias parlamentarias del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defendió la necesidad de utilizar la 'ley mordaza', una norma que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos prometió derogar en el pacto de investidura firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
A esto hay que añadir que el Ejecutivo no ha ofrecido datos actualizados de cuántas de esas multas impuestas finalmente se han tramitado, en un proceso que depende de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Uno de los datos oficiales se obtuvo por una respuesta parlamentaria por escrito de octubre de 2020: se habían finalizado 7.408 expedientes con resolución sancionadora o pago anticipado por parte del sancionado. Es decir, no llegaba ni al 1% del millón de multas tramitadas.
Informe del 8M y cese del coronel
Con el primer estado de alarma hace ahora un año, el Ministerio del Interior se convirtió en autoridad competente delegada, coordinando la actuación de Policía Nacional, Guardia Civil, cuerpos autonómicos y policías locales, a las que se encomendó que vigilaran por el cumplimiento de las restricciones de movilidad en un confinamiento estricto para toda la población, salvo en casos de trabajadores esenciales o con justificación por razones médicas y otras necesidades.
El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska asumió mucha visibilidad por las ruedas de prensa diarias de los mandos uniformados, lo que acarreó algunas críticas internas por el formato y la sobreexposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se acrecentaron por el cese de algunos responsables policiales.
El caso más sonado fue el del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, apartado de la Comandancia de Madrid cuando una unidad a su cargo investigaba la manifestación del 8M y su posible impacto en el inicio del contagio de coronavirus. Grande-Marlaska lo relacionó con una pérdida de confianza, pero fue criticado por pedir información relativa a diligencias de unos agentes que dependían de una juez de Madrid que, finalmente, archivó la causa.
Redes sociales y cese del jefe de Riesgos Laborales
Otro caso que acarreó críticas de partidos de la oposición estuvo relacionado con el general José Manuel Santiago Marín, luego ascendido a la Jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil, cuando en abril realizó unas declaraciones desde Moncloa, luego matizadas, en las que aseguró que la Guardia Civil trabajaba monitorizando redes sociales para "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno" durante el estado de alarma.
Tanto el general como el Ministerio del Interior explicaron que se referían a "instituciones del Estado" y sin que afectara a la "crítica política o de ciudadanos amparados en sus derechos de libertad de expresión o de información".
En el caso de la Policía Nacional también hubo críticas internas por el relevo del jefe de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, quien el 24 de enero de 2020, dos meses antes del primer estado de alarma, había pedido en un documento interno mascarillas y guantes para los agentes que estaban a cargo de los controles de pasajeros en aeropuertos, debido a las informaciones relativas al Covid-19 en China y otros países.
Meses después, este exjefe de Prevención de Riesgos Laborales aseguró que la número dos del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, le explicó en una reunión el 27 de febrero que era mejor prescindir de las mascarillas para no alertar a la población. "Sanidad siempre decía que no quería alarma social", dijo en varias entrevistas en medios de comunicación.
Interior constituyó el Centro de Coordinación Operativa y ha tenido especial atención en la vigilancia de la ciberseguridad o, desde finales de 2020, para centralizar las diferentes órdenes de servicio tanto a Policía como Guardia Civil para garantizar la "cadena logística del proceso de vacunación", con instrucciones a Jefaturas y Zonas y en colaboración con Ertzaintza y Mossos d'Esquadra para la protección de los envíos que han tenido entrada por País Vasco y Cataluña.
