Irene Montero, ministra de Igualdad, ha manifestado su postura tras conocerse que Juana Rivas, quien fuera condenada a dos años y seis meses de cárcel por sustracción de sus dos hijos menores, pisará de nuevo la cárcel. Montero ha tachado este suceso de "escándalo para el movimiento feminista", además de una "muy mala noticia para la democracia".
La semana pasada se conocía la noticia de queRivas volvería ingresar en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada, tras estimar el Juzgado parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía contra la concesión del tercer grado del que disfrutaba la mujer desde el pasado 15 de junio. Esta concesión le ha dado la posibilidad de cumplir la condena desde su domicilio por control telemático.
Montero, que este martes participaba en los cursos de Verano de la Complutense sobre 'Valores democráticos, igualdad y universidad' impartidos en El Escorial, declaraba que "si Juana Rivas ingresa en prisión definitivamente no solamente va ser escándalo para las mujeres, para el movimiento feminista sino una muy mala noticia para la democracia porque estaremos mandando un mensaje a muchas mujeres de que proteger a sus hijos y a sí mismas puede salirles muy caro".
Con estas palabras, la ministra de Igualdad incitaba a todas las instituciones a "reflexionar" sobre la importancia de hacer ver que están "para proteger los derechos de todas las mujeres".
"Que sepa Juana, que sepa Irune Costumero que no están solas, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que las leyes y las políticas públicas aseguran que los derechos de las mujeres no son vulnerados", alegaba también Montero, queriendo demostrar así el compromiso de su ministerio ante situaciones así.
La ministra también aprovechó para pronunciarse sobre la información que publicaba el diario 'El País' respecto a la posible reactivación de la deliberación acerca de la ley del aborto por parte del Tribunal Constitucional.
Montero señalaba que esta acción supone una "amenaza gravísima de retroceso en un derecho básico como es la interrupción del embarazo" y resaltaba también que "en otras épocas, en el pasado, algunos órganos constitucionales, algunos poderes se han podido permitir jugar un papel reaccionario y cuestionar los avances legislativos en los derechos de las mujeres. Ha pasado con el derecho al aborto, el divorcio y el matrimonio igualitario".
Ha querido precisar que este 2021, los poderes del Estado y los órganos constitucionales deben ser responsables y "tener muy claro que la ley responde a la voluntad popular". Para Montero, la función de estos "nunca puede ser destruir derechos", sino "garantizar los derechos de todas las personas, particularmente los de las mujeres que llevan viendo durante siglos sus derechos pisoteados y vulnerados".
