Jaume Matas ha admitido por primera vez ante un tribunal haber cometido prevaricación, en una concesión relacionada con el Mundial de Ciclismo en Pista de 2007, y ha aportado 35.000 euros para resarcir el daño causado, en su sexto juicio por esta macrocausa.
La defensa de Matas y las acusaciones han alcanzado un acuerdo de conformidad en el sexto juicio contra el expresidente balear por el llamado caso Palma Arena, el correspondiente a la pieza separada número 14, celebrado hoy ante la sección primera de la Audiencia de Palma, donde inicialmente la Fiscalía pedía para él una condena 1 año y 6 meses de prisión por prevaricación y fraude.
Finalmente la acusación ha sido por un delito de prevaricación y, ante la admisión de los hechos y el pago de la responsabilidad civil, las acusaciones han tenido en cuenta la circunstancia atenuante de reparación del daño para fijar la pena solicitada.
Matas ha admitido los hechos de los que le acusaban la Fiscalía y la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, haber dictado "una resolución prevaricadora" para beneficiar de manera irregular a una empresa de publicidad con 350.000 euros sin concurso y saltándose el procedimiento administrativo, y se ha conformado con la pena de 7 años de inhabilitación solicitada.
Además Matas aportó la semana pasada los 35.000 euros reclamados como responsabilidad civil, por lo que la comunidad autónoma "tiene resarcido completamente el daño", según ha explicado la letrada ante el tribunal.
Los hechos que ha admitido el expresidente y exministro de Medio Ambiente ocurrieron en marzo de 2007, cuando la empresa de publicidad que había llevado a cabo la campaña electoral del PP en las elecciones autonómicas de ese año y que había sido además adjudicataria del contrato para llevar a cabo la campaña publicitaria del Mundial de Ciclismo por 845.000 euros, percibió esos otros 350.000 euros de forma arbitraria.
Para soslayar la Ley de Contratos, Matas ordenó que se aportaran a la empresa publicitaria los 350.000 euros por medio del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), operación que se formalizó mediante un convenio, para eludir "de forma consciente y deliberada" la normativa que rige la contratación pública, según la Fiscalía.