El exlíder sindical ha llegado, en un taxi, acompañado de su mujer y de su abogada, Ana García Boto, quien se ha quejado de la presión de la prensa, ante la que Fernández Villa no ha hecho declaraciones.
García Boto se había presentado en el juzgado a las 9:00 horas y después volvió a salir para ir a buscar a Fernández Villa a su casa.
Fernández Villa, acusado por el sindicato que lideró durante más de 35 años de apropiarse de 420.000 euros, había sido citado con el apercibimiento de que, si no lo hacía, podría dictarse una orden de detención, después de que un neurólogo designado por el juzgado para realizar el examen del estado del exlíder sindical ratificara que estaba en condiciones de someterse a un interrogatorio.
No obstante, precisó que su estado mental requeriría de un interrogatorio con preguntas cortas y que no se prolongase mucho tiempo dado que su situación clínica, que le hace tener dificultades para leer, le puede dificultar la comprensión en su totalidad de la querella por apropiación indebida presentada por el sindicato.
Por ello, la magistrada garantizó que el interrogatorio se adaptaría a su capacidad de lenguaje con preguntas simples para obtener respuestas sencillas, y que contaría con las interrupciones necesarias para su descanso mental.
Igualmente, apuntaba que se tendrían como no respondidas aquellas cuestiones que planteen dudas en cuanto a su validez.
El SOMA-UGT presentó en septiembre de 2015 una querella contra Villa reclamando la devolución de 360.000 euros, ampliados después hasta 420.000, en concepto de gastos sin justificar así como por la apropiación de dietas de asistencia destinadas a los miembros del sindicato por asistir a reuniones del comité intercentros de Hunosa.
Dentro de la misma querella el SOMA-UGT reclama la devolución de más de 70.000 euros al ex secretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo.
Fernández Villa también es objeto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en relación al origen de los 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012.