Fuentes jurídicas han confirmado que en el marco de esta investigación ayer fue requerida información por la Guardia Civil, que se personó en las sedes de la compañía en Madrid y Bilbao.
La Fiscalía Anticorrupción, en la denuncia que ha presentado ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid, acusa a la eléctrica de haber cometido un delito contra el mercado y los consumidores, recogido en el artículo 281 del Código Penal, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.
Según la denuncia, Iberdrola habría ideado un sistema para incrementar el precio de la energía "más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", lo que elevó el precio por encima del mercado diario.
Con esta práctica, la compañía habría obtenido un "lucro ilícito" de 20 millones de euros, según Anticorrupción.