En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado ha accedido así a las peticiones que hicieron varios accionistas personados en la causa durante la vista celebrada el pasado 18 de noviembre.
Las inversiones exigidas por estos perjudicados ascendían, en concreto, a 3.548.447 euros, aunque al aplicarles el tercio legal que prevé la ley la cifra es de un total de 4.767.262 euros.
Para justificar su decisión, el juez recoge el criterio de su instancia superior, la Sala de lo Penal, que aunque redujo la fianza de 800 millones que inicialmente fijó el instructor, avaló la imposición de esta medida cautelar ciñéndola a lo que reclamaran los accionistas que forman parte del procedimiento.
La Sala ya advirtió en ese momento que la cifra podía variar variar, teniendo en cuenta la posibilidad de que siguieran sumándose afectados, como así ha sido.
De esta forma, y por ahora, la medida cautelar, que hasta hoy estaba cuantificada en 33,5 millones, se sitúa en 38,2 millones.
El juez Andreu da diez días a BFA, Bankia, Rato y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú y José Luis Olivas-, para hacer efectiva esta nueva suma bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, procederá al embargo de sus bienes hasta satisfacerla, advierte en su auto, que es recurrible.
La primera fianza ya estaba garantizada desde el pasado mes de junio, cuando los imputados hicieron frente a los casi 6 millones que correspondían a cada uno.
Pero mientras BFA-Bankia optó por transferir al juzgado 11,2 millones, los que fueran sus máximos responsables recurrieron a las compañías aseguradoras que cubrieron la salida a bolsa, Liberty International Underwriters (LIU) y Torus, que consignaron los 22,7 millones restantes.
