En un auto notificado hoy, y al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla coincide con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la causa así como con la afirmación de que no existía la red de clientelismo político, como sostuvo la juez que abrió la causa en 2014, Mercedes Alaya.
En su resolución, la instructora considera que "no revisten el carácter de delito" los hechos investigados relativos a la concesión, gestión, justificación y liquidación de los fondos públicos destinados a acciones formativas para el empleo entre los años 2009 y 2012.
Respecto a la inexistencia de la red de clientelismo político, la juez señala que de las más de 18.000 subvenciones otorgadas, el PP-A encontró que 39 empresas tienen alguna vinculación con el PSOE.
En este sentido, la instructora afirma que "no resulta significativo que el PP-A encuentre" esos vínculos con "ex miembros del Gobierno andaluz o del PSOE o familiares de éstos o amigos de éste o del familiar".
Además, añade que es "poco probable, por no decir inverosímil", que participaran en esa presunta trama de red clientelar tanto la dirección general de Formación como los delegados provinciales así como los funcionarios de los servicios centrales y de las delegaciones.
