El juez de El Vendrell, que llevaba el caso hasta ahora, acordó enviar la causa a la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero siguiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público entiende que la competencia corresponde a dicho órgano judicial dados los delitos que se investigan y el ámbito territorial donde se han cometido.
Precisamente en el auto de inhibición, el juez Josep Bosch aseguraba que comparte los argumentos de Anticorrupción y afirmaba que la competencia del caso debe asumirla la Audiencia Nacional, debido al grave perjuicio para la economía nacional de este caso por la "generalización de la manipulación de concursos públicos", la complejidad de la causa y que hay algunos investigados que presuntamente realizaron operaciones económicas en el extranjero.
El sistema de reparto de la Audiencia Nacional hizo que la causa recayese en el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que finalmente ha aceptado quedarse con la investigación, han indicado las fuentes consultadas.
El conocido como caso 3% investiga al exdiputado en el Parlament y exconseller, Germà Gordó, así como a dos extesoreros de CDC, además de varios empresarios, por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos públicos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.
El juez de El Vendrell destacó que unos de los investigados, Andreu Viloca, presuntamente jugó "un papel esencial" como tesorero y administrador de CDC y de sus fundaciones, llevando un control exhaustivo de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, además de gestionar el pago de las donaciones a las fundaciones Catdem y Fòrum.
Concretamente, sobre el perjuicio causado a la economía nacional, el juez Bosch subrayó que el presupuesto agregado de las licitaciones de obras y servicios públicos bajo investigación alcanzan los 218 millones de euros y las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC se elevaron a 10,3 millones.
Según el juez de El Vendrell, la investigación ha destapado una "posible trama de financiación de CDC por medio de donaciones de empresas constructoras de ingeniería que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político", como los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni (Barcelona) Torredembarra (Tarragona), Figueres, Olot, Lloret de Mar (Girona), Infraestructures de la Generalitat, Autoritat Portuària de Barcelona y el Consorci d'Educació de Barcelona.
En cuanto a la probable comisión en el extranjero de ilícitos penales de algunos de los investigados como los empresarios Jordi Soler, Jordi Sumarroca, Sergio Lerma y Francesc Xavier Tauler, el magistrado creyó que está justificado enviar el caso a la Audiencia Nacional porque en un informe de la Guardia Civil se constata su "conocimiento y voluntad de utilización de jurisdicciones extranjeras de escasa o nula tributación".