El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a petición de IU, que ejerce la acusación en esta causa, y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que considera innecesaria la prórroga para la investigación de esa pieza y cuyo plazo quedó establecido hasta el 6 de junio de 2018.
Ese es el plazo fijado para el fin de la instrucción de la pieza principal del caso Gürtel, del que surgieron varias piezas separadas, entre ellas la de la caja B del PP.
El caso Bárcenas fue elevado a la Sala hace unos años para enjuiciar, en relación con la reforma de la sede del PP en la calle de Génova, al extesorero del PP Luis Bárcenas, al exgerente del partido Cristóbal Páez, y a los encargados del estudio de arquitectura que realizó el proyecto, por lo que en cualquier momento puede ser señalada la fecha de este juicio.
En esta pieza, el PP también está acusado como partícipe a título lucrativo por el pago parcial en negro de los 888.000 euros que costó la reforma, por lo que ha tenido que prestar una fianza de 1,2 millones de euros.
Se trata de una causa que ya se había dado por concluida, pero ante las revelaciones que hizo Correa en el juicio de la primera época de Gürtel, De la Mata, a petición de las acusaciones, acordó reabrir esta pieza y seguir investigando el posible cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas que hubieran redundado en esa caja B.
A esta investigación, De la Mata incluyó además conversaciones intervenidas en el caso Lezo -en el que fue detenido el expresidente madrileño Ignacio González- sobre presuntos pagos de comisiones al PP y citó entre otros a declarar como testigo al exministro Zaplana.
Ahora, al decidir prorrogar la causa sin el amparo de la Fiscalía, lo que le hubiera permitido prorrogar la causa cada seis meses en virtud del artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, De la Mata debe hacerlo de golpe por un periodo máximo de dos años sin que quepan más prórrogas, tal y como establece el artículo 324.4 para los casos en que no hay sintonía con el fiscal.
No obstante, el hecho de prorrogar esos dos años no implica que la investigación vaya a prolongarse todo ese tiempo y en cualquier momento antes del plazo el juez puede darla por finalizada.
