El juez que investiga el caso Koldo, sobre una serie de adjudicaciones públicas de mascarillas en pandemia, ha citado a declarar en calidad de testigos a dos inspectoras que participaron en la auditoría encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, así como a un alto cargo de Interior.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado este martes en diversos autos una batería de diligencias en el marco de su investigación por el presunto cobro de comisiones en torno a esas adjudicaciones, en la que figura como imputado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Una de ellas, a petición de la acusación popular Liberum, consiste en citar a declarar como testigos a dos inspectoras que participaron en el informe de auditoría que encargó Puente sobre los contratos adjudicados por entidades dependientes de su departamento. Además de ellas, el juez también quiere oír la versión del director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez.
El nombre de este alto cargo del Ministerio del Interior salió en la declaración como testigo que prestó el que era subsecretario de la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, quien dijo que Rodríguez le indicó que se pusiera en contacto con la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama.
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior fue uno de los organismos que adjudicó un contrato de mascarillas a esta empresa, cuantificado en 3,4 millones de euros, en 2020. Otros cargos públicos comparecerán como testigos ante el juez, en una fecha aún por determinar.
En concreto, Ismael Moreno ha citado al jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes en el momento de las adjudicaciones y al exsecretario general de Correos. Con sus declaraciones y la del presidente de la empresa Raminatrans, que distribuyó parte de la mercancía adquirida, el juez investigará, a petición de Liberum, la falta de justificación de la recepción de las mascarillas que adjudicó Puertos del Estado y Adif.
Asimismo, el juez accede a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción y solicita a los Servicios de Salud de las Islas Baleares y de Canarias una copia de todos los buzones del correo electrónico corporativo de varios ex altos cargos.
Uno de ellos es Antonio Mascaró, exsubdirector de Compras y Logística de las Islas Baleares, que firmó el 12 de agosto de 2020 un certificado en el que constaba, a petición de Soluciones de Gestión, que no se tenía "conocimiento" en ese momento "de ninguna incidencia" y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios.
El magistrado también ordena que le remitan toda la documentación sobre los contratos adjudicados por ambas comunidades a Soluciones de Gestión que no se hubiesen proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción.
Respecto a otro de los principales investigados, el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, el juez ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue las cuotas que eventualmente no habría pagado a Hacienda ni él ni la empresa Soluciones de Gestión en 2020.
