Después de que ayer la Guardia Civil dejara en libertad con cargos a ocho personas, hoy el juez lo ha hecho otras seis, entre ellas Jové y Salvadó, de forma que las catorce personas detenidas anteayer por organizar este referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional están en libertad provisional.
En un principio, el juez imputa a todos los detenidos los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, aunque en las órdenes de detención la Guardia Civil atribuían a algunos de ellos el de sedición, castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.
Tanto a Salvadó, que es también secretario general adjunto de ERC, como a Jové, ambos parte del núcleo duro del departamento de Economía que dirige Oriol Junqueras, les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente.
El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y varios consellers y cargos de ERC se han desplazado hasta la Ciutat de la Justícia para apoyar a Salvadó y a Jové, cuyas defensas han solicitado la recusación del juez instructor por cuestionar su imparcialidad, una petición que resolverá la Audiencia de Barcelona.
Se da la circunstancia de que el gobierno catalán ha decidido hoy destituir a Jové como secretario general del departamento de Economía, en un intento de evitar que tenga que afrontar la multa de 12.000 euros diarios que le ha impuesto el Tribunal Constitucional.
Los seis detenidos que han pasado hoy a disposición judicial se han acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
No han contestado, por tanto, ni las preguntas de la Fiscalía ni las del propio juez instructor, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.
Tras comparecer ante el juez, han quedado libres, también con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat.
También han quedado en la misma situación el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, y el trabajador del Consorci d'Administració Oberta Juan Manuel Gómez.
En su causa, el magistrado investiga si el Govern ha gastado en los preparativos del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).