La juez de los ERE dice que "por fin hay una solución a las víctimas del caso"

La macrocausa de los ERE, comenzada en el 2011 por la juez Mercedes Alaya, acumula a un número creciente de acusados cifrado en torno a trescientas personas, a muchas de las cuales la juez Núñez considera "víctimas".

La afirmación de la juez se produce después de conocer la decisión de la Audiencia de Sevilla de que el ex consejero andaluz de Trabajo Antonio Fernández será juzgado solo una vez en el caso de los ERE, en la denominada pieza política, y no en decenas de ocasiones, una por cada ayuda que aprobó para las empresas en crisis.

Esa decisión se suma a otros tres autos dictados en el mismo sentido respecto a dos ex altos cargos de la Junta, lo que puede provocar un "efecto dominó" respecto a los responsables públicos acusados, según varias fuentes judiciales.

De esta forma, se podrían archivar decenas de piezas en la que hay acusados altos cargos como concedentes de las ayudas públicas y también perceptores del dinero, algunos calificados como "víctimas" por la juez.

En los ERE se han llamado a declarar como acusados a todas las personas físicas o jurídicas "por el mero hecho de solicitar, entre los años 2000 y 2010, una ayuda sociolaboral o directa a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía", ha subrayado la magistrada.

Si se archivan las causas respecto a los responsables públicos, también se podría hacer lo mismo con las personas que recibieron las ayudas, por lo que el caso de los ERE se centraría en el juicio fijado para el 13 de diciembre contra 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La cuestión jurídica es que si no hay causa contra los concedentes, tampoco la habría contra los perceptores del dinero, y se podrían archivar las distintas piezas abiertas.

Una de las piezas de los ERE cuyo juicio se mantendría sería la relativa al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo, al que -según la Fiscalía- dieron sin motivo 1,4 millones de euros en ayudas públicas de los ERE, parte de ellos destinados a cocaína y copas.

Desde que en julio del 2015 la juez Núñez dividió la causa de los ERE, los abogados de ex altos cargos han planteado que no se les podía enjuiciar más de una vez por los mismos hechos.

La batalla jurídica se inclinó a favor de estos letrados, y en mayo pasado, la Audiencia de Sevilla excluyó a Jacinto Cañete, ex director general de Idea, la empresa pública que pagaba los ERE, de la pieza abierta por la ayuda a Bética Industrial y lo dejaba solo en la pieza política, lo que se ratificó en otra pieza.

Tras esa victoria, su abogado, Juan Carlos Alférez, dijo que era una cuestión que venían "reclamando desde antaño por el monstruoso e innecesario calvario procesal que ello suponía".

La misma decisión adoptó la Audiencia respecto a otro exdirector de Idea, Miguel Ángel Serrano, y hoy se ha conocido la del exconsejero Fernández.

Esta exclusión de Fernández, según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, "sienta un criterio interpretativo, que por su extraordinaria claridad ahora ya sí puede considerarse como definitivo, en relación a la muy compleja controversia jurídica que durante muchos meses hemos venido manteniendo".

La juez Núñez ya se refirió, en marzo pasado, al hecho de que "en la causa han sido imputadas personas que, valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas 'víctimas' de una "macrocausa" en la que, sin duda, por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona".