Se trata de una decisión del juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga al exvicepresidente del Gobierno por delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes.
Le ha impuesto una fianza de 18 millones de euros si quiere que le desbloquee sus cuentas, depósitos y fondos de inversión. Esas medidas cautelares las había impuesto el juez Enrique de la Hoz, que se hizo cargo del asunto cuando se encontraba en funciones de guardia.
