Fernando Grande-Marlaska, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha analizado la decisión del juez belga de dejar en libertad con medidas cautelares a Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers con los que está en Bruselas. Grande-Marlaska explica que "el fin de la orden europea de detención y entrega se limita a establecer si se cumplen los requisitos para que esa persona (los miembros del Govern, en este caso) sea entregada a la autoridad judicial española". "La autoridad judicial belga entiende que no va a haber fuga durante la tramitación", explica el magistrado.
"El juez belga solo tiene que garantizar que, mientras se tramita esta orden europea, no van a abandonar territorio belga para que, en el caso de que se acuerde la entrega a España, van a estar el Bélgica y no va a haber ningún problema. Lo importante para el juez es garantizar al Estado español que no se van a escapar", añade Grande-Marlaska.
Sobre Carmen Lamela, la juez que ha enviado a Prisión a Oriol Junqueras y otros siete exconsellers, dice que "es una juez perfectamente independiente e imparcial que únicamente ha aplicado el derecho a unos hechos y no a opiniones que son objeto de investigaciones".
Respecto a las palabras de la defensa de Puigdemont en las que dice que sus derechos fundamentales no están garantizados en España, el magistrado ha indicado que le parece "preocupante tratar de generar una falta de confianza en el poder judicial que adolece de significación".
Afirma Grande-Marlaska que "la justicia española tiene unos estándaderes de cumplimiento de respeto a las leyes, absoluto" y recuerda que "España nunca ha sido objeto de ningún expediente por vulneración o riesgo de vulneración de derechos y libertades fundamentales" y "está reconocida en cooperación internacional".
"Tenemos equipos conjuntos de investigación con Francia y Bélgica, ¿los habría si no hay garantías homologables?". se pregunta el vocal del CGPJ.
Por último, ha subrayado que "en España desde hace 40 años no hay presos políticos". "Aquí no está nadie en la cárcel por opiniones o ideas, se imputan hechos. Analizamos hechos que supuestamente son constitutivos de concretos delitos. Me parece un insulto ante la gente que lo pasó tan mal por pensar o vivir de una forma tan distinta a la que se imponía", ha concluido.