El juez imputa al inspector, subinspector y jefe de una comisaría de los Mossos por el 1-O

En una providencia, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell (Barcelona) requiere a los Mossos para que identifiquen a estos tres mandos de la policía catalana, después de que varios agentes investigados se han referido a ellos en sus comparecencias judiciales en la causa sobre la pasividad del cuerpo para impedir el referéndum del 1-O.

Una vez identificados estos tres mandos, el juez les citará para que presten declaración como imputados, según recoge la providencia y ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El inspector, el subinspector y el jefe de la comisaría de Santa Perpètua de Mogoda serán citados como investigados por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, según la providencia, firmada por el juez el pasado 29 de noviembre.

En su escrito, el juez también ha requerido a los Mossos d'Esquadra que remitan al juzgado una copia de las instrucciones por escrito que se hubiesen entregado a los agentes para su actuación a la hora de impedir la votación del 1-O, cumpliendo las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Además, el juez ha requerido a la dirección del Colegio Pere Calders de Polinyà (Barcelona) -uno de los puntos de votación del 1-O- para que identifique a la persona que ejerció el cargo o funciones de director del mismo entre los días 27 de septiembre y 1 de octubre, para citarle como investigado en la causa.

El juez ha acordado imputar al inspector, al subinspector y al jefe de comisaría de Santa Perpetua después de que varios agentes de los Mossos d'Esquadra investigados en distintos juzgados por supuesta pasividad el 1-O han alegado que la cúpula les "dejó vendidos", ya que acudieron en parejas a puntos de votación llenos de gente, sin apoyo de unidades de orden público, sin cintas para precintar, ni vehículos para llevarse las urnas.

En sus comparecencias como investigados en sede judicial, los agentes han detallado que en las reuniones sobre el dispositivo del 1-O sus mandos se limitaron a transmitirles las directrices del TSJC y la orden interna redactada por el entonces jefe Josep Lluís Trapero, que ordenaba precintar los colegios y retirar las urnas, garantizando el principio de proporcionalidad policial.

Según fuentes judiciales, los agentes, varios de ellos destinados a labores administrativas, acudieron por parejas a los puntos de votación, vestidos de uniforme, y cuando llegaron se encontraron en muchos casos que había entre 50 y 200 personas protegiendo el colegio electoral.

Cuando describieron la situación a la sala de mando, sus superiores se limitaron a responderles con un "recibido" y no les mandaron refuerzos de las unidades de orden público (Brimo y Arro) de los Mossos d'Esquadra, ni les avisaron que irían la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Además, en sus declaraciones ante el juez, según las fuentes, algunos de los agentes también han puesto de relieve que tuvieron que estar todo el día de pie frente al punto de votación, sin poder intervenir, ya que fueron enviados sin cintas para efectuar el precinto ni vehículo de apoyo para transportar las urnas que debían requisar.

De hecho, según las fuentes, algunos agentes han asegurado en sede judicial que el dispositivo no estaba diseñado para evitar la votación.

Las investigaciones abiertas en distintos juzgados catalanes, como el de Sabadell, discurren de forma paralela a la causa abierta por la juez de la Audiencia NacionalCarmen Lamela, que mantiene imputado por sedición al ex jefe de la policía catalana, el mayor Josep Lluis Trapero, por la pasividad de los Mossos ante el acoso a la comitiva judicial que el 20 de septiembre registró la consellería de Economía.