El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, José María Escribano, ha abierto diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra Irene Montero y una asesora de su equipo, Teresa Arévalo, para determinar si Arévalo desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor pagadas con dinero público.
En un auto que adelanta el diario digital El Confidencial, el titular del Juzgado de Instrucción número 46 abre investigación sobre estos hechos, denunciados por la exabogada de Podemos Mónica Carmona, exresponsable del Cumplimiento Normativo de Podemos, y cita a declarar el 14 de julio en calidad de investigada a la exdiputada Teresa Arévalo, asesora de la titular de Igualdad.
Según la resolución, el magistrado abre diligencias previas "por el presunto delito de administración desleal" contra Irene Montero y Teresa Arévalo al entender que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Podemos asegura que la causa se archivará
Pese a que la ministra de Igualdad tiene condición de aforada y el órgano competente para investigarla sería el Tribunal Supremo, el juez ha acordado librar oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para que le notifique la apertura de este procedimiento "a los efectos legales oportunos". El magistrado también cita en el auto como testigos en esta causa, para el 19 de julio, a la exgerente de Podemos Rocío Val, al tesorero Daniel de Frutos y al jefe de seguridad del partido, Víctor Martins.
Desde Podemos aseguran que el procedimiento está basado en "falsedades" y quedará archivado, pero que servirá a la prensa para "generar titulares contra Unidas Podemos a tres días de votar en unas elecciones".
El origen de la causa se sitúa en el escrito que Mónica Carmona remitió ante otro juzgado de Madrid, el que investiga la gestión de Podemos en el caso Neurona, en el que aseguraba haber recibido una denuncia "interna confidencial" afirmando que Irene Montero "utilizaba a una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos".
El titular de aquel juzgado, Juan José Escalonilla, decidió enviarlo a reparto junto a otras presuntas irregularidades denunciadas por la que fuese abogada del partido, y el asunto terminó cayendo en el juzgado número 42 de Madrid, que ha comenzado a investigar si existió una presunta administración desleal en torno a la contratación de Arévalo como niñera de la hija del exvicepresidente Pablo Iglesias e Irene Montero.