Lamela acoge así la petición que le hizo en este sentido la Fiscalía, que solicitó notificar al Departamento de Interior de la Generalitat el auto en el que se acordaron esas medidas cautelares, "a los efectos legales que sean oportunos".
En contra del criterio de la Fiscalía, la juez optó el lunes por adoptar para Trapero unas medidas más leves que la prisión.
En concreto, comparecencias quincenales, entrega de pasaporte, prohibición de salir de España y la fijación de un domicilio y un teléfono donde estar localizable, mismas medidas cautelares que adoptó en relación a la intendente de los mossos, Teresa Laplana, para la que el fiscal pidió prisión eludible bajo fianza.
Trapero y Laplana han entregado ya sus pasaportes a la juez Lamela y también han facilitado un domicilio y teléfono.
No obstante, según las citadas fuentes, el mayor de los Mossos intentó dar como domicilio el de su lugar de trabajo, el complejo central Egara, situado en Sabadell (Barcelona), algo que no aceptó el juzgado que dirige Lamela.
Además, tanto Trapero como la intendente han solicitado que la información acerca de la dirección de sus domicilios particulares vaya en un sobre cerrado por cuestiones de seguridad.
Pese a no haber seguido su criterio, la Fiscalía ya anunció que no recurrirá la libertad de Trapero al considerar que no es una decisión definitiva porque aún se le sigue investigando y el Ministerio Público tiene además previsto ampliar la denuncia que presentó por el asedio a la Guardia Civil en el registro a la Consejería de Economía el 20 de septiembre a todo lo relativo al 1-O.
Al dejarle en libertad, la juez señalaba al respecto que lo hacía "sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias".