Llarena ha tomado esta decisión al término de una vista de medidas cautelares en el alto tribunal en la que ha atendido la petición de Fiscalía y de la acusación popular ejercida por Vox que han solicitado previamente prisión incondicional para todos ellos.
Se unirán así en la cárcel de Estremera (Madrid) al exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller Joaquim Forn, al expresidente de ANC, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Así, todos los procesados por el delito de rebelión estarán en prisión provisional salvo los cuatro fugados que son el expresidente Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsati.
El juez aprecia en su auto "un grave riesgo de fuga" y de "reiteración delictiva" en los encausados derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel.
Las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso, explica también el magistrado, son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados.
Así, Llarena entiende que, desde que acordó la libertad bajo fianza para los hoy encarcelados, se ha producido un cambio tras los autos de procesamiento de esta mañana, y es que los imputados se enfrentan ahora a una posibilidad cierta de graves penas.
En su auto, Llarena recoge las alegaciones de los abogados de los cinco encarcelados señalando que el hecho de haber comparecido hoy demuestra que están dispuestos a hacerlo y "que no puede adoptarse una resolución en función del comportamiento procesal que hayan podido adoptar otros encausados" en relación a los fugados, especialmente tras la fuga hoy de Marta Rovira.
"El alegato es razonable" dice el juez, pero añade que ese peligro de fuga si puede sostenerse por elementos externos que podrían aparecer con "el propio desarrollo de la causa".
Y este punto el magistrado sostiene que "lo cierto es que la imputación que se cierne sobre los procesados hace pensar en la tentación a la fuga ante una pena de intenso gravamen".
A esto agrega que aunque han comparecido hoy ante el juez "la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años".
En cuanto a la renuncia al acta de diputado de varios implicados, como hicieron ayer Forcadell y Bassa, el magistrado señala que "ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas penales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención".
Igualmente, el juez se refiere también al libro blanco u hoja de ruta del procés como indicio de que los imputados "podrían retornar al anormal funcionamiento de las instituciones".
En cuanto a los derechos políticos de los procesados, la gravedad de los hechos y la previsión de retomar la actuación que contiene el libro blanco "determinan que sus derechos políticos no muestren una preeminencia sobre los derechos que esta resolución preserva".
Los procesados serán conducidos inmediatamente a los calabozos de la Audiencia Nacional donde se les realizará el registro penitenciario y desde allí serán trasladados a las prisiones madrileñas de Alcalá y Estremera.
