El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha procesado este viernes por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; al exvicepresidente Oriol Junqueras; al candidato Jordi Turull; a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell; a la número 2 de ERC, Marta Rovira, y a otros seis exconsellers, además de al exresponsable de la ANC Jordi Sánchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
No son procesados por ningún delito el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
En el auto de procesamiento, el juez procesa además a los otros cinco miembros del Govern cuando sucedieron los hechos: Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.
A Puigdemont, Junqueras y los siete consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.
Además, el juez no ha atribuido un delito de rebelión, sino otros de desobediencia y/o malversación, a 12 de los 25 procesados por el 'procés', entre ellos tres de los siete fugados: Anna Gabriel (CUP), Lluís Puig (PDeCAT) y Meritxell Serret (ERC).
En concreto, el magistrado del Supremo cree que Anna Gabriel y la también responsable de la CUP, Mireia Boya, solo incurrieron en un delito de desobendiencia, al no atender a las decisiones del Constitucional. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación.
A los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet también les atribuye solo un delito de desobediencia, por la "tenaz y perseverante desatención del requerimiento" del Constitucional para que "impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias".