Así lo relata el magistrado en esa orden, a la que ha tenido acceso Efe y en la que recuerda que Puigdemont está procesado por un delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión), dos infracciones penales por las que pidió su detención.
Un arresto que se produjo finalmente el domingo en Alemania cuando Puigdemont volvía de Finlandia para viajar hasta Bélgica.
Precisamente, en su orden de detención el juez domicilia al expresidente de la Generalitat en Helsinki (Finlandia) y/o Waterloo (Bélgica).
Aunque se le acusa de los dos citados delitos, ninguno de los dos figura en el listado de 32 que aparece en el formulario de la orden europea e internacional de detención, por lo que Llarena ha marcado la casilla del delito de "corrupción".
Según el relato que hace el juez, fue el 28 de septiembre pasado cuando los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra se reunieron con Puigdemont, el entonces vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el que fuera consejero de Interior Joaquim Forn para informales de que se preveía "una escalada de violencia, con brotes importantes de enfrentamiento" para el 1-O.
"Los responsables del Gobierno presentes en esa reunión conocían sobradamente los riesgos de violencia" después de los incidentes ocurridos el 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía, cuando miles de personas impedían la entrada de la Guardia Civil y se produjeron graves enfrentamientos.
Pese a ello, continúa el magistrado, la decisión de los miembros del Gobierno fue que la votación había de celebrarse.
En el planteamiento general que hace el juez se señala que Puigdemont, así como los otros procesados, han actuado con la finalidad de obtener la independencia de Cataluña respecto al resto de España.
"Dicha independencia era el objetivo que pretendía alcanzarse en todo caso; primeramente mediante un acuerdo pactado con el Gobierno español y, en caso contrario, de manera unilateral y forzando al Gobierno a asumir una situación de hecho que buscaba crearse. Para ambos supuestos contaban con utilizar la movilización popular", añade el juez.
Y para conseguir ese objetivo se acordó una hoja de ruta, recuerda Llarena, quien hace un relato pormenorizado de todas las actuaciones que llevó a cabo el Parlamento catalán y el Gobierno de la Generalitat, las resoluciones del Tribunal Constitucional y las decisiones del Ejecutivo central.
Pese a las reiteradas declaraciones de nulidad y de inconstitucionalidad de las resoluciones del Parlament, los órganos ejecutivos de la Generalitat continuaron con su "permanente" y "obsesiva" actividad de crear las denominadas "estructuras de estado" y de divulgar su proyecto a fin de obtener el apoyo internacional y de la ciudadanía.
En más de 1,6 millones de euros, según la evaluación realizada hasta ahora, se cifra el gasto público para la celebración del referéndum del 1-O, resalta también el magistrado del Supremo, que también enumera las actuaciones de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catala y Òmnium Cultural.
