Pedraz les había enviado a prisión provisional por enaltecimiento del terrorismo y depósito de armas de guerra y munición, pero la investigación desarrollada desde entonces ha derivado en su puesta en libertad.
En un auto el magistrado modifica la situación de prisión y decreta la libertad, fijándoles la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio y que faciliten teléfono móvil a fin de estar localizados.
El juez considera que los indicios que apuntaban a que los investigados tenían un corte yihadista se han desvanecido y no hay datos que avalen que los dos detenidos profesaran la ideología radical yihadista.
El magistrado incluye todas las diligencias practicadas así como las observaciones telefónicas que no coadyuvan a estimar la existencia de un delito de terrorismo, "ya sea por enaltecimiento o por amenazas".
