El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha respondido a las autoridades suizas que los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial solicitado por motivos políticos en una causa de terrorismo, y ve "inadmisible" que le pidan explicaciones sobre la amnistía.
En un contundente auto, el magistrado que investiga el caso de Tsunami Democràtic ha respondido a la resolución de las autoridades helvéticas, conocida ayer, en la que le pedían que ampliase los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la justicia española.
García-Castellón discrepa de plano porque, subraya, los tratados internacionales impiden a Suiza rechazar la asistencia judicial solicitada, al tratarse de un procedimiento en el que se investigan delitos de terrorismo.
Ve "inadmisible" que pidan explicaciones sobre la ley de amnistía
En su auto el juez considera que es "llamativa" la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democrátic y con la investigada Marta Rovira.
García Castellón recuerda que, en el Reino de España, así como en las democracias de la UE, la función de los jueces "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" y añade que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar.
Indica que en la comunicación recibida por las autoridades de la Confederación Helvética se insta a este instructor a dar "explicaciones" sobre una ley que "se está preparando" de la que la autoridad de ejecución ha tenido conocimiento "por la prensa". Para el instructor, "la explicación resulta manifiestamente inadmisible y no se puede sustanciar por este magistrado, sin entrar en más consideraciones de fondo".
Además, subraya que, en un Estado con poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, de buen seguro, ocurre en Suiza. Este magistrado, advierte el juez, "desconoce cualquier cuestión relativa a la norma citada en la comunicación, y tampoco alcanza a advertir qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional, interrogar sobre una hipotética norma no aprobada".
García-Castellón investigará la filtración del escrito de Suiza sobre Marta Rovira
Manuel García-Castellón ha acordado abrir una pieza separada con carácter reservado para esclarecer un posible delito de revelación de secretos por la filtración de la respuesta de Suiza a la comisión rogatoria remitida para la localización de la dirigente de ERC, Marta Rovira.
El juez de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que abre esa pieza y encarga a la Guardia Civil que investigue la posible comisión de ese delito por parte de "las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta por las autoridades suizas".
El magistrado ordena a los investigadores a "eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente de los avances de los de la investigación a este magistrado instructor".
Esa respuesta fue publicada por varios medios de comunicación antes de que llegase al juzgado de García-Castellón, que fue quien cursó la solicitud para localizar a Rovira, investigada por presuntos delitos de terrorismo en la misma causa en la que figura el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
En su respuesta, las autoridades suizas piden al juez que amplíe los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la justicia española.
El juez da traslado del auto al fiscal, en tanto que a las partes personadas solo les comunica la parte dispositiva.
