La jueza Concepción Jerez ha acordado archivar la investigación de los hechos que ocurrieron en la pasada Nochevieja junto a la sede nacional del partido de la calle Ferraz, cuando se ahorcó y apaleó un muñeco identificado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "la falta de educación no es delito".
En un auto de este jueves la titular del Juzgado de Instrucción 26 de Madrid asegura que las expresiones vertidas ese día "no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE y "por tanto no deben ser perseguidas" por la Justicia.
"Quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente, podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el aludido o sus partidarios, pero no es delito", asegura la magistrada.
La jueza, además, descarta que se trate de un delito de odio asegurando que considerarlo así sería "perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que sustenta una sociedad democrática" como a su juicio es la española.
"Lo que es lógico es que, dentro de un sistema de pluralismo político, aquellos que discrepan con un partido político puedan expresar su descontento de diversas formas, como agruparse frente a la sede del partido y utilizar expresiones despectivas", justifica.
Pero es que, además, la magistrada asegura que en la concentración del pasado 31 de diciembre "se desconoce la ideología de los asistentes y si esta es común a los mismos". "No se les vincula con ningún grupo. Por ello difícilmente puede considerarse que con la conducta analizada expresen odio hacia otro grupo", añade.
En esta línea, la jueza apunta que "perseguir mensajes de odio está justificado cuando están motivados por cuestiones raciales, xenófobas o antisemitas, pero no cuando están dirigidos contra una institución sujeta a la crítica política, como lo es el poder Ejecutivo".
Por último, la magistrada asegura que "el acto más violento realizado por los asistentes fue golpear una piñata o muñeco de cartón que representa a una figura con apariencia de varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga". "En ningún caso su apariencia reproduce la imagen del presidente del Gobierno", concluye.
Fue esta misma semana cuando la teniente fiscal de la AN, Marta Durántez, acordó enviar a los juzgados madrileños las pesquisas realizadas en relación a los hechos denunciados por el PSOE. Las diligencias se incoaron el pasado 12 de enero tras recibir traslado de la Fiscalía General del Estado de la denuncia del partido político y en la mañana del 22 de enero, diez días después, tuvieron noticia "de la presentación ante los juzgados de instrucción de Madrid de un atestado policial por los mismos hechos".
Durántez explicaba en su decreto que ese atestado policial recayó finalmente por reparto en un juzgado de instrucción, por lo que acordó remitir sus pesquisas a ese juzgado "para su unión a las diligencias previas".
La denuncia del PSOE
En su denuncia, de casi 60 páginas, los socialistas apuntaron a un posible delito de incitación al odio por ideología política. Como este tipo penal solo puede aplicarse si se ejerce contra colectivos vulnerables, argumentaron que el PSOE fue perseguido durante la dictadura franquista y durante la Guerra Civil.
Además, incluyeron otros posibles delitos, como incitación a la violencia y al magnicidio; injurias contra la autoridad en ejercicio de su cargo; injurias y amenazas graves al Gobierno de la nación; amenazas al presidente del Gobierno y al PSOE y sus militantes como colectivo social, con agravante de discriminación ideológica; delito de reunión o manifestación ilícita; o desórdenes públicos, siendo este último el que puede acarrear la mayor pena: 5 años de prisión.
También consideraron que puede haberse cometido un delito de financiación ilegal por parte de Vox porque, a su juicio, se han producido acciones coordinadas y organizadas que conllevan obtención de fondos económicos para organización de actos que parecen tener "un nexo en común" con esta formación.
Vinculación con Vox
En este sentido, el PSOE hizo hincapié en la vinculación de los impulsores del acto con el partido de Santiago Abascal, la organización juvenil Revuelta, basándose en las informaciones periodísticas que la colocan como entidad relacionada con Vox.
La denuncia detallaba que uno de los líderes de Revuelta, Pablo González Lasca, es responsable de Marketing Digital del partido, y "parece que trabaja en íntima conexión con el diputado de Vox, Manuel Mariscal, al frente de la vicesecretaría nacional de Comunicación".
En todo caso, el PSOE aclaró que Revuelta no está constituida legalmente como asociación y, por tanto, se utilizaron otras asociaciones, como Plataforma 711 y ASOMA, que sí cuentan con una fórmula jurídica que les permite contratar y solicitar autorizaciones administrativas.
Los socialistas precisaron que Plataforma 711 fue inscrita por un grupo de personas, entre ellos Santiago Aneiros y Javier Majadas, candidatos de Vox a las elecciones municipales del pasado mayo en la localidad de Algente (Madrid). Otro de ellos, Sergio Garrudo, es hijo de Ricardo Garrudo, fundador junto con Santiago Abascal de la Fundación DENAES, luego presidente del partido en Cantabria hasta octubre de 2022.
Por último, para subrayar la relación que a su juicio existe entre Vox y los hechos denunciados, el PSOE alegó que lo sucedido el 31 de diciembre fue "el colofón" del "hostigamiento" a las sedes socialistas en distintos puntos de España, recordando asimismo las declaraciones realizadas por Abascal el pasado 10 de diciembre a un medio de comunicación argentino. "Habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez", dijo.
