Dos acusados en el caso Pretoria aceptan 6 meses de cárcel por ayudar a Alavedra a ocultar fondos
Dos de los once acusados en el caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, Gloria Torres y Philip Mc Mahan, han aceptado este lunes una pena de seis meses de cárcel por ayudar a ocultar comisiones ilegales percibidas por el exconsejero de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra.
Lo han hecho en la primera sesión del juicio que ha iniciado hoy la Audiencia Nacionalen el que la fiscal Ana Cuenca pide penas de hasta ocho años de cárcel para los otros nueve acusados, entre ellos los exdirigentes de Convergencia, Macià Alavedra y el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, ambos hombres de confianza del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol.
Ambos se enfrentan a una petición de la fiscal de seis años y diez meses de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco de esta trama de cobro de comisiones por adjudicaciones de obras en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona entre 2001 y 2009, con la que se habrían defraudado unos 45 millones de euros.
No obstante la fiscal ha ofrecido una rebaja en su petición de pena para Alavedra y Manuel Carrillo -para quien solicita tres años de cárcel por sobornar supuestamente al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartolomé Muñoz- pero que la concretaría en la fase de conclusiones definitivas al final del juicio dependiendo del contenido de sus declaraciones.
Además, la rebaja de la petición de pena para Alavedra también estaría sujeta al pago de 10,3 millones euros de multa.
Los que ya han quedado eximidos de comparecer a la vista son Gloria Torres y Philip Mc Mahan, tras haber reconocido hoy que contribuyeron en la "ocultación y reinversión" de cantidades millonarias que percibió Alavedra a través de un complejo entramado de sociedades opacas.
Ambos han aceptado el acuerdo de sus abogados defensores con la fiscal de ser condenados a seis meses de prisión con multas respectivamente de 315.000 euros, que la primera ya ha abonado, y de 2,6 millones de euros o arresto sustitutorio para el segundo.
Inicialmente la fiscal pedía para Philip Mc Mahan 3 años y medio de cárcel y para Gloria Torres 2 años y medio de prisión.
Los tres magistrados que conforman la Sala, presidida por Concepción Espejel, ha rechazado las cuestiones previas por las que las defensas pidieron la nulidad de actuaciones del procedimiento al no apreciar que se hayan vulnerado derechos fundamentales en las escuchas telefónicas y al considerar que la Audiencia Nacional es competente para juzgar los hechos y que los mismos no han prescrito.
La mayoría de los abogados de los acusados han pedido a la Sala que sus representados puedan ausentarse del juicio en las sesiones "que no tengan conexión directa con su defensa" debido al coste económico que les supone trasladarse desde Cataluña hasta la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares (Madrid).
La Sala ha obligado a todos los acusados a asistir al juicio hasta el momento en el que todos presten declaración y luego irá resolviendo las peticiones concretas para ausentarse de la vista en función del desarrollo de la misma.
La fiscal, que se ha opuesto a las cuestiones previas planteadas por las defensas, ha rechazado también esta petición de no asistir de los acusados salvo en "algún momento puntual" que se pueda plantear por una razón justificada.
La abogada del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, Inés Portabella, que acusa a algunos procesados, ha coincidido con la fiscal en cuanto a que no se han vulnerado derechos fundamentales de los mismos pero sin embargo considera que el juicio debería celebrarse en la Audiencia Provincial de Barcelona tal como han alegado algunos abogados.
El juicio se reanudará mañana con las declaraciones de los acusados.
Entre los procesados se encuentran también el exdiputado catalán por el PSC, Luis Andrés García "Luigi", considerado por la fiscal como el "facilitador" de la trama, además del exalcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomé Muñoz, y el antiguo responsable del área de Urbanismo de este municipio, Manuel Dobarco, ambos también del PSC.