Los tres líderes independentistas catalanes, todos en prisión preventiva, han comparecido hoy ante el alto tribunal para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y otros dentro del sumario abierto por el "procès" en el Supremo.
En ese trámite han presentado sus quejas por lo que creen que es un proceso dirigido contra ellos por sus ideas políticas, con falta de objetividad por parte del juez del caso, Pablo Llarena, y con vulneración de sus derechos como el de la protesta pacífica o, en el caso de Sánchez, su derecho a la participación política como candidato.
Ha sido el candidato Sánchez, cuyo pleno de investidura debió suspenderse el viernes después de que Llarena volviera a imposibilitar que actúe como candidato en el Parlament, quien más claramente ha puesto en duda la imparcialidad del juez, a quien, mirándole a los ojos fijamente, ha expresado una queja directa por su falta de objetividad, según la acusación popular, ejercida por Vox.
Los abogados defensores han explicado a los periodistas, por su parte, que sus defendidos han señalado al juez que sus autos de procesamiento criminalizan el derecho a la protesta, que han negado cualquier existencia de violencia por parte de los independentistas y que han defendido el derecho a la protesta.
Así, los comparecientes han defendido que pedir la independencia de Cataluña no es un delito, además de quejarse por el poco respeto a la legalidad, al derecho a la defensa y a las reglas de competencia de los tribunales que está siguiendo el caso en el Supremo, siempre según los abogados defensores.