Una semana después la situación no cambia. Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de ceder ante las exigencias de PP y Junts y no quiere tocar ni una coma del decreto ómnibus que ya le tumbaron la semana pasada. Por su parte, PP y Junts también siguen manteniendo sus posiciones firmes frente a la estrategia del Gobierno. Ambas formaciones han establecido líneas rojas claras: exigen la tramitación separada de las medidas sociales más urgentes y rechazan frontalmente el decreto en su formato actual.
El Ejecutivo, que no prevé aprobar un nuevo decreto ómnibus en el Consejo de Ministros de este martes, tal y como deslizan fuentes del Ejecutivo, y se enfrenta a un escenario complejo. Tanto populares como independentistas catalanes han garantizado su apoyo a tres medidas específicas si se tramitan de forma independiente: la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y las compensaciones a los afectados por la dana.
Para Junts "es fácil"
"Sánchez lo tiene fácil", ha declarado el portavoz de Junts, Josep Rius, quien ha instado al presidente a aprovechar el Consejo de Ministros para presentar decretos individualizados. Sin embargo, el Gobierno mantiene su negativa a fragmentar la norma, consciente de que quedarían fuera medidas pactadas con sus socios de izquierda, como la moratoria a los desahucios de familias vulnerables. Tras un acuerdo con Podemos, se incluyó también casos de ocupación. Una de las medidas que no aprueba Junts.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha acusado a la oposición de utilizar a los ciudadanos como "rehenes" políticos. "No lo vamos a consentir; somos incombustibles y volveremos a trabajar por esa revalorización de las pensiones", ha afirmado. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha devuelto la acusación al Ejecutivo, señalando que es el Gobierno quien está usando a los ciudadanos como "escudos de protección política".
Cruce de acusaciones
El enfrentamiento se ha trasladado también a las redes sociales, donde el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, han mantenido un tenso intercambio sobre aspectos específicos del decreto, como la "inquiocupación" y la no prórroga de las rebajas del IVA a los alimentos básicos. Este último punto, era una de las acusaciones de populares y Junts al Gobierno. Realmente, esas subidas del IVA no llegan tras la caída del decreto, ya que decayeron el pasado 1 de enero. Los populares la semana pasada argumentaron su 'no' por, entre otras medidas, la cesión de un palacete al PNV en París.
Mientras tanto, Podemos ha entrado en la ecuación rechazando también el "troceamiento" de las medidas y proponiendo una solución alternativa: aprobar mensualmente un decreto ley con el escudo social. Esta propuesta llega en un momento en que el tiempo apremia, ya que los pensionistas podrían ver reducidas sus percepciones en febrero si no se alcanza un acuerdo.
La situación se complica aún más con la convocatoria de un pleno extraordinario en el Senado, donde el PP, con mayoría absoluta, presentará una moción para exigir al Gobierno la tramitación separada de las tres medidas principales. Este movimiento aumenta la presión sobre el Ejecutivo, que mantiene su apuesta por el diálogo a pesar de las escasas perspectivas de acuerdo con la oposición.
