La proposición de ley de amnistía ha naufragado en el Congreso este martes tras el 'no' de Junts en la votación, que exige más al PSOE. Pedro Sánchez sufre, así, su primera gran derrota de la legislatura
La ley que perseguía perdonar una década del 'procés' no es suficiente para la formación independentista que reclama el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. Su inclusión habría impedido seguir adelante al juez del 'caso Voloh', que insiste en la conexión del independentismo catalán con Rusia.
Este martes, la Cámara Baja ha rechazado -con 179 votos en contra- un texto que amnistiaba los actos determinantes de "responsabilidad penal, administrativa o contable" ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán (incluidos 9-N y 1-O), su preparación y consecuencias, "siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023".
Para los de Puigdemont el texto inicial pactado con el PSOE se quedaba corto porque no incluía el paquete de enmiendas parciales con las que pretendía que se perdonaran todos los delitos de terrorismo, sin excepciones, y los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
La semana pasada, la formación independentista pactó con el PSOE que la norma abarcara todos los delitos de terrorismo, salvo los cometidos "de forma manifiesta y con intención directa" que hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.
Fuentes cercanas a la negociación apuntaron que desde Junts mantuvieron el pulso hasta el último momento para reforzar la amnistía y blindar totalmente el terrorismo porque, aunque creían que la norma salvaba a los investigados en las causas que se siguen en la Audiencia Nacional (AN) contra los Comités de Defensa de la República (CDR) y 'Tsunami Democràtic', no se fiaban de que surgieran otros procedimientos que pudieran quedar fuera de la amnistía.
La investigación a 'Tsunami Democratic'
Uno de los principales objetivos de la amnistía era amparar al expresidente catalán huido Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa donde se investigan los disturbios supuestamente orquestados por 'Tsunami Democràtic' en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del 'procés'.
Sin embargo, en las últimas semanas el juez instructor, Manuel García Castellón, ha señalado a través de sus resoluciones varios puntos flacos. Así, investiga la muerte de un turista francés por un infarto en el marco de los disturbios desatados en El Prat el 14 de octubre de 2019, que cree que es directamente imputable a los responsables de los altercados provocados en el aeropuerto catalán.
También ha señalado que las graves lesiones que sufrieron dos policías por los desórdenes posteriores a la sentencia del 'procés' son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", atribuyendo además una intención homicida a los responsables de dichas lesiones.
Asimismo, desde el primer momento puso el foco en la directiva europea 2017/541, que establece la obligación de los Estados miembro no solo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos, y en otra directiva europea sobre infraestructuras clave (como los aeropuertos).
Esta misma semana, ha intentado estrechar el cerco al poner sobre la mesa otros tratados para apuntalar su tesis, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, así como sus anexos sobre seguridad de la aviación civil.
Caso Voloh
En el marco de las enmiendas parciales, Junts también proponía incluir los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, que este martes se han quedado fuera toda vez que el Congreso no ha rescatado las enmiendas 'vivas' de la formación independentista.
Estos delitos han cobrado especial relevancia en la última semana, después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona haya acordado prorrogar seis meses más la investigación del 'caso Voloh' y se haya centrado en la 'trama rusa' tras observar "estrechas relaciones personales entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa".
Aunque Puigdemont no forma parte de la lista de investigados en 'Voloh', cuyos tentáculos han llegado hasta la Audiencia Nacional para nutrir 'Tsunami Democràtic', entre los imputados sí figura su jefe de Gabinete, Josep Lluís Alay. Y, en este caso, algunas de las conductas descritas por el juez Joaquín Aguirre podrían encajar en los mencionados delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
Estos delitos castigan, entre otros comportamientos, a "los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".
Otro de los planteamientos de Junts que ha quedado finalmente fuera es una especie de 'lawfare' policial que estaría dirigido "la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".
En lo relativo a los efectos sobre la responsabilidad civil y contable, Junts también trató de conseguir que quedasen "extinguidas las responsabilidades civiles y contables derivadas" de los actos relativos al 'procés', incluidas las que estuviesen siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas.
