Junts ha afirmado que votará en contra del decreto 'omnibus' del Gobierno sobre Justicia porque, a su juicio, "pone en peligro" la aplicación de la ley de amnistía.
Fuentes de Junts, consultadas por Europa Press, han argumentado que el decreto también afecta competencias de la Generalitat, "agrava la infrafinanciación" y han lamentado que les han enseñado dos reales decretos sin margen de poder estudiarlos suficientemente bien.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunieron este jueves en Barcelona, según las mismas fuentes de Junts.
Reformas de la Justicia prometidas a Bruselas
El grueso de este decreto recogió el contenido de los proyectos de ley de eficiencia procesal y digital que se encontraban en tramitación en el Congreso en la pasada legislatura y su aprobación, según explicó Félix Bolaños, era necesaria para recibir 10.000 millones de euros en el marco del plan de recuperación comprometido con Bruselas.
En la pasada legislatura, el Partido Popular avaló la tramitación de ambos proyectos, pero el adelanto electoral hizo decaer la tramitación.
El de eficiencia procesal, con medidas para agilizar la justicia, llegó al Congreso en abril de 2022 y solo Vox presentó una enmienda de devolución, que fue rechazada por una amplia mayoría de 274 votos.
El proyecto de ley de eficiencia digital, por su parte, fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2022 y nadie se opuso a su tramitación en el Congreso, pero la iniciativa quedó congelada en la Comisión de Justicia y acabó decayendo también con la disolución de las Cortes.
¿Pero por qué Junts no lo avala?
El decreto de diciembre incluye un artículo que lleva a Junts a votar en contra al considerar que pondría en peligro la aplicación de la ley de amnistía.
Este artículo establece que si un juez (en cuyas manos puede estar la aplicación de la ley de amnistía) presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE se suspenderán las actuaciones hasta que ese órgano decida cómo aplicar en ese caso el derecho comunitario.
Sin embargo, el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya avanzó que ese artículo no supone "ningún cambio" y que lo "único" que hace el decreto es incorporar una "jurisprudencia absolutamente pacífica" de la justicia europea y del Supremo, cumpliendo "un compromiso de España con la Comisión Europea".
