El nuevo anteproyecto del gobierno socialista cambiaría la recomendación de la mediación recogida en el anterior proyecto de ley elaborado por el gobierno popular por la obligación de la mediación, ya que esta figura no ha sido tan utilizada como se preveía. Según el nuevo texto legal se obliga a intentar un proceso de mediación en todos los supuestos de separación, divorcio, impago de alquileres, hipotecas o sucesiones, antes de acudir a la vía legal.
El proceso de mediación consiste en que un profesional neutral, propuesto en primera instancia por el demandante intenta resolver un conflicto de manera más rápida, ágil y barata que por la vía legal. En el caso de que el demandado no acepte al mediador, se articula un nuevo mecanismo para designar a otro independiente.
En el caso de que ambas partes estén de acuerdo en iniciar el proceso de mediación, éste no podrá prolongarse mas allá de los tres meses. La obligatoriedad de la mediación se establecerá según el anteproyecto que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros de la próxima semana para relaciones personales o comerciales que se hayan mantenido en el tiempo como es el caso de matrimonios, empresas o relaciones contractuales.
La nueva ley no entraría ne vigor hasta dentro de tres años para dar tiempo a la formación de mediadores, los cambios en los planes formativos de los profesionales del derecho sino también para implantar esta figura en todos los partidos judiciales de España.