El control de ambas sociedades, que gestionan respectivamente la circunvalación de Alicante (Ciralsa) y la AP-7 Cartagena-Vera (Aucosta) -dos de las nueve autopistas de peaje en quiebra-, pasará a Seittsa en la noche del 30 de marzo al 1 de abril, según los autos dictados por el juzgado.
A partir de ese momento, la gestión, conservación y explotación de las autopistas se transferirá a Seittsa, que asumirá la totalidad de los trabajadores y de los directivos, y gran parte de los contratos civiles y mercantiles vigentes. El juzgado ha decidido remitir todas las cuestiones relativas a la determinación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado (RPA), tanto el modo de computarla como su cuantificación, al preceptivo expediente administrativo, que podrá ser revisado posteriormente por la vía contencioso-administrativa.
Cuando se determinen los importes de la RPA por sentencia firme y el Estado los haga efectivos, se reabrirá el concurso para el pago a los acreedores concursales privilegiados y los ordinarios. Ciralsa entró en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) en junio de 2013 y el juzgado acordó la apertura de la fase de liquidación en junio del año pasado.
Aucosta se declaró en concurso de acreedores en enero de 2013 y en abril de 2017 se acordó la apertura de la fase de liquidación. Hasta ahora, tan sólo una de las autopistas en quiebra, la R-4 (Madrid-Ocaña), tenía aprobado el plan de liquidación. Esta vía empezará a ser gestionada por Seittsa a finales de febrero.
Aún no se han aprobado los planes de liquidación de la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), y la AP-36 (Ocaña-La Roda). La AP-41 (Madrid-Toledo) está todavía en la fase de concurso de acreedores.
Para rebajar la factura de la RPA el Gobierno prevé volver a licitar las autopistas en dos paquetes, operación con la que espera captar entre 700 y 1.000 millones de euros.
El objetivo es cerrar todo el proceso este mismo año para mitigar su impacto en el déficit público.