La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha citado a declarar como investigado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y actual director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, junto a otros ocho cargos y ex cargos de esta institución.
Según un auto conocido este miércoles, la jueza ha fijado para el próximo 9 de enero la declaración del hermano del presidente, que está siendo investigado por la creación de su puesto en la Diputación de Badajoz y la presunta comisión de fraude fiscal, entre otros aspectos.
La magistrada ha ordenado librar oficio al BBVA para que informe "con carácter urgente" sobre el valor nominal de los depósitos de acciones que consten a nombre de David Sánchez en cinco fechas concretas entre noviembre de 2017 y junio de 2023.
La resolución señala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado evidencia de que el investigado "posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros".
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Explica la jueza que una vez analizado el contenido del informe de la UCO de la Guardia Civil, del que se deriva "la existencia de indicios racionales de criminalidad" relativos a los delitos contra la administración pública investigados, se consideran necesarias para continuar una serie de diligencias de investigación.
En concreto, y respecto a la "modificación de puestos de trabajo y la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz", el juzgado pide que se le aporte "a la mayor brevedad posible" el reglamento regulador del procedimiento para la aprobación, revisión y modificación de la 'Relación de Puestos de Trabajo de 30-7-2003', al que se refiere en su documentación la Institución Provincial.
Una norma por la que se afirma que la modificación de la denominación del puesto 'Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música' a 'Jefe de la Oficina de Artes Escénica' estaría "eximido del trámite de Negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo", señala la jueza en su auto.
También pide las fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de 'Puestos de Trabajo de la Diputación' que hayan tenido lugar en los últimos cuatro años, así como el "proyecto de coordinación" exigido en las "Bases para la provisión del Puesto de Trabajo de Coordinador/a Actividades Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en Régimen Laboral de Alta Dirección" de cada uno de los 11 aspirantes admitidos, y los organigramas de la Delegación de Cultura, Juventud y Bienestar Social de 2016 a 2024.
Nueve investigados
Entre los citados a declarar como investigados figuran el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el diputado delegado del Área de Cultura y Deportes, Francisco Martos Ortiz.
También deberán comparecer la ex directora del Área de Cultura Elisa Moriano, la ex diputada delegada Cristina Núñez y la ex directora de Recursos Humanos Juana Cintas, entre otros altos cargos de la institución provincial.
La jueza ha requerido a la Diputación que aporte documentación sobre modificaciones de puestos de trabajo, incluyendo el reglamento regulador y las fichas de cambios en denominaciones de los últimos cuatro años.
La magistrada ha citado como testigos a los directores de los conservatorios Superior y Profesional de Música de Badajoz, que deberán declarar el 8 de enero. También comparecerán ese día como testigos-peritos tres responsables de la Agencia Tributaria, entre ellos la delegada especial en Extremadura, para ratificar y aclarar aspectos de un informe previo.
Autorización a la UCO
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz autorizó el pasado mes de julio a la UCO a entrar en la Diputación de Badajoz para incautar los correos electrónicos del presidente de la institución, el propio David Sánchez, así como varios diputados y trabajadores de la diputación, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022.
En un auto del pasado 4 de noviembre, la Audiencia Provincial de Badajoz avaló esa incautación de correos electrónicos a varios responsables de la Diputación Provincial por el caso del hermano de Sánchez, en la causa que se sigue por prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
De esta forma, la Audiencia Provincial de Badajoz desestimó un recurso de apelación presentado por el exdiputado provincial Francisco Martos, y al que se adhirió, entre otros, el hermano de Pedro Sánchez --también conocido como David Azagra--, en el que se pedía la nulidad de la autorización de entrada de los agentes de la UCO de la Guardia Civil para incautar correos relativos a este caso.
