Así consta en un auto en el que la juez Belén Sánchez acuerda la inhibición al Alto Tribunal por la condición de aforada de Ayuso. Contra esta resolución, cabe interponer un recurso de reforma.
La querella se presentó por el colectivo Mareas de Residencias por la mal atención en las residencias de mayores y se amplío más tarde para que se investigara el protocolo firmado por el exdirector de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos.
Además de Ayuso y Escudero, los querellados son los directores de DomusVi-Mirasierra. Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Líneal.
La querella instaba a investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad y los directores de las residencias citadas por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
Sobre la responsabilidad penal de Ayuso, los denunciantes sostienen que la crisis provocada por la covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, "aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores".
