La comparecencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo como investigado ha dejado una serie de interrogantes con circunstancias significativas que han llevado a la defensa de Alberto González Amador a señalar que se ha convertido en "el mayor enemigo" del Tribunal Supremo tratando de "boicotear" la actuación instructora de las prerrogativas, según adelanta La Sexta que ha accedido a un escrito de su defensa.
Resulta paradójico que quien tiene como misión constitucional promover la acción de la justicia haya optado por no responder a las preguntas del juez instructor, limitándose únicamente a contestar a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Esta situación, aunque legalmente permitida, plantea dudas sobre lo incisivo de las preguntas.
El uso de GMAIL en lugar del correo oficial
Las explicaciones ofrecidas por García Ortiz sobre aspectos cruciales de la investigación resultaron llamativas. Por ejemplo, su justificación para utilizar una cuenta personal de Gmail para recibir información confidencial -alegando retrasos en el correo oficial de la Fiscalía- resulta cuando menos cuestionable, considerando la naturaleza sensible de las comunicaciones en cuestión.
La explicación del borrado de mensajes
Igualmente, su explicación sobre el borrado de comunicaciones durante los días críticos de la investigación genera incertezas. El Fiscal General argumenta haber cambiado seis veces de móvil desde su nombramiento, coincidiendo uno de estos cambios con el momento posterior a conocer su imputación. La UCO ha confirmado la existencia de "cero mensajes" en sus dispositivos, un hecho que, si bien García Ortiz justifica por "razones de seguridad", contrasta con la ausencia de un protocolo específico de borrado, según el testimonio del fiscal de delitos económicos.
La situación procesal se complica aún más considerando que quien ejerce la acusación popular es su propia subordinada, la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde.
Las críticas al juez instructor
Las declaraciones de García Ortiz cuestionando la actuación del juez instructor, a quien acusa de partir de "una certeza que le impide descubrir la verdad", no ocultan su visión de que el juez Hurtado está actuando de una manera "predeterminada". También niega el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, negando categóricamente la conversación de "Álvaro ¿los has filtrado tú?" sobre la filtración porque señala que "nadie le habla así a un fiscal general".
La situación actual, con un Fiscal General investigado por presunta filtración de información confidencial, somete al sistema judicial a una tensión sin precedentes. Desde el Gobierno siguen con su respaldo total a Álvaro García Ortiz. El último en hacerlo, Félix Bolaños.
