El comité de huelga de los letrados de la administración de Justicia ha desconvocado este martes el paro indefinido iniciado el pasado 24 de enero tras firmar con el Gobierno un acuerdo que contempla una subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes para cada funcionario.
"Tenemos todos una sensación agridulce porque para llegar a este acuerdo ambas artes hemos tenido que renunciar a aspectos importantes, pero creo que era lo que procedía hacer en estos momentos", ha reconocido Juan José Yáñez, portavoz de los huelguistas y miembro de la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes del paro.
En un encuentro de casi dos horas con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, el comité de huelga ha revisado y definido "hasta la última coma" del documento final.
Claves del acuerdo
Mediante este acuerdo, cuya condición 'sine qua non' es la desconvocatoria inmediata de la huelga, los letrados desisten de la reivindicación de la que han hecho su bandera durante estos más de dos meses de paro, la llamada cláusula de enganche, por la que pedían que su sueldo se viera referenciado al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a estos dos operadores jurídicos.
A cambio, se realizará una subida paulatina de entre 430 y 450 euros brutos mensuales, dependiendo de los diferentes niveles y funciones.
Este aumento se empezará a percibir cuando se modifiquen los dos reales decretos que regulan las retribuciones de los letrados, cuya publicación en el BOE se prevé para el próximo mes de julio, ha explicado Luis Toribio, también portavoz del comité de huelga y vicepresidente del Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ).
Entonces, los funcionarios comenzarán a recibir en sus nóminas entre 172 y 180 euros mensuales más, el 40 % de la subida total, que se aplicará con carácter retroactivo desde enero de 2023.
En enero de 2024 se les aumentará otro 40 %, y el 20 % restante, a partir de julio de dicho año.
Así, los antiguos secretarios judiciales pasarán a percibir entre 5.160 y 5.400 euros brutos más al año en unos salarios que, según Justicia, se sitúan en estos momentos entre los 40.000 y los 60.000 euros al año e iban a crecer de media un 14,76 % en tres años antes del acuerdo.
El texto tampoco recoge otra de las peticiones de los letrados, que queda "pendiente": la reducción de los grupos de población para que funcionarios de municipios pequeños no cobren menos que los de aquellos más grandes.
Las asambleas provinciales de los letrados decidieron ayer lunes por mayoría (76 % de votos a favor) aceptar este acuerdo propuesto por el Ministerio de Justicia, aunque el comité de huelga ha señalado que estuvo trabajando el documento final hasta la madrugada y fuentes de Justicia han confesado que la firma ha peligrado hasta el último momento.
Los sindicatos piden subidas generalizadas
Tras conocerse la noticia, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CCOO) han exigido que la subida salarial se extienda a todos los cuerpos de la Administración de Justicia.
Para ello, CSIF no descarta "ninguna medida de presión" y CCOO ya planteó el lunes a los trabajadores del sector iniciar "contundentes movilizaciones", incluida una huelga.
Atasco en los juzgados
Los últimos datos facilitados por los letrados cifran el impacto del paro en más de 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de reparto y 1.500 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados.
"Es difícil saber cuándo se llegará a la normalidad, porque el seguimiento tampoco ha sido igual en todos los juzgados. Por tanto, habrá que ver a dónde llegan esos programas de actuación que se van a implementar para que la actividad llegue a la normalidad. Yo creo que en este año será difícil, pero se intentará", ha valorado Toribio.
Según Justicia, el 20,22 % de los letrados secundó este lunes -última jornada con datos- la huelga, mientras que los convocantes sitúan esta cifra en torno al 78 %.
