El informe, que fue solicitado la semana pasada por la Mesa del Parlament, todavía se está ultimando, por lo que los grupos no han podido contar con él esta mañana en la reunión de la Mesa para poder posicionarse sobre una hipotética fórmula que permita salir del bloqueo actual.
Sin embargo, según han avanzado fuentes parlamentarias, a falta de emitir el informe definitivo, los letrados coinciden en sus reuniones en que, tras el aplazamiento del pleno de investidura la semana pasada por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, no se ha activado aún el reloj de la cuenta atrás de dos meses para llevar a cabo la investidura, un plazo que si se agota sin que haya nuevo president conducirá automáticamente a unas nuevas elecciones.
Ese posicionamiento de los servicios jurídicos de la cámara, según dichas fuentes, se basa en constatar que la ley vincula literalmente el inicio del plazo a que se haya llevado a cabo una votación de investidura, una circunstancia que no se produjo, ya que Torrent decidió aplazar el pleno pocas horas antes de su inicio.
Diversas fuentes apuntan además que, si bien los letrados ya disponían el viernes de un texto, en las últimas horas se habría frenado la emisión definitiva del informe para introducir algunas modificaciones, dado el intenso debate que se está produciendo en el seno de los servicios jurídicos sobre la necesidad de introducir algunas consideraciones dirigidas al presidente del Parlament.
Así, entre los letrados se considera que, si bien el plazo de dos meses no debe en efecto arrancar todavía, eso no implica que el bloqueo de la legislatura se pueda alargar "sine die".
En este sentido, apuntan las fuentes consultadas por Efe, se está barajando la posibilidad de incluir en el informe tres posibles fórmulas para salir del bloqueo a corto plazo, recordando al presidente del Parlament que la ley le hace responsable directo de impulsar la investidura en un plazo de tiempo razonable.
Esas fórmulas que se podrían apuntar en el informe son, en primer lugar, que Torrent considerara proponer otro candidato; otra vía sería aguardar a que el Tribunal Constitucional resuelva la admisión del recurso del Gobierno y confirme o no las medidas que afectan a Carles Puigdemont; y, por último, la vía aceptada por el Consejo de Estado con relación a que, si no hay un candidato en condiciones, el presidente del Parlament lo comunique al pleno y eso sirva como acto de inicio de los dos meses, tomando como precedente lo ocurrido en el año 2003 en la Asamblea de Madrid en el llamado "Tamayazo".
No obstante, en el seno de las reuniones de los letrados se discute si incluir o no esas consideraciones en su informe o si hacerlo de una forma más velada, en un contexto en el que Junts per Catalunya y ERC buscan la máxima flexibilidad con los plazos para poder negociar una solución para la investidura, por lo que incluir consideraciones de este tipo en el informe de los letrados supondría una incómoda presión añadida en sus complejas conversaciones.
